La Paz, 26 de junio de 2026 (ANF).- Dos hermanas denunciaron públicamente a una jueza de la ciudad de El Alto por presuntamente apropiarse de un departamento que heredaron de su madre y negarse a desocupar el inmueble, pese a que una Sala Constitucional ordenó su restitución en un plazo de 30 días. Además, iniciaron procesos penales y civiles para esclarecer la legalidad de un contrato de anticrético que consideran falso.
Durante una entrevista en el programa Sin Concesiones de Radio Fides, Andrea Ruiz explicó que su madre entregó el inmueble en anticrético a un exvocal Ariel J. B. mediante un contrato protocolizado. Tras el fallecimiento de la propietaria, ella y su hermana regularizaron la sucesión hereditaria y realizaron el depósito judicial de 70.000 dólares para devolver el dinero del anticrético; sin embargo, aseguran que no lograron recuperar el departamento porque actualmente es ocupado por Milca L. G., jueza de El Alto.
Según la denunciante, durante la acción de amparo constitucional la autoridad judicial presentó un segundo contrato de anticrético, con el mismo contenido, monto y fecha que el documento firmado por el exvocal, pero suscrito a su nombre. Ruiz sostiene que ese documento es falso y afirma que recién fue exhibido tres años después del fallecimiento de su madre.
Andrea Ruiz señaló que la Sala Constitucional observó que el documento presentado por la jueza carece de reconocimiento de firmas y de formalidades legales, además de considerar llamativa la existencia de dos contratos con idénticas características para un mismo inmueble. En consecuencia, el tribunal concedió la tutela constitucional y ordenó que el departamento sea devuelto a sus propietarias en un plazo de 30 días desde la notificación.
"La parte accionada devuelva a sus propietarios el inmueble que viene ocupando (...) en el plazo de 30 días. Eso significa que el 12 de julio nosotros tenemos que tomar posesión de nuestro departamento", afirmó Ruiz al referirse al alcance de la resolución constitucional.
Las hermanas también denunciaron que la jueza presentó posteriormente una demanda para validar el documento cuestionado y aseguraron que promoverán un peritaje grafológico para determinar la autenticidad de la firma de su madre e iniciar las acciones penales que correspondan si se confirma una falsificación. Asimismo, informaron que interpusieron una denuncia penal por el presunto delito de estelionato contra el exvocal, al considerar que habría entregado la posesión del inmueble a una tercera persona.
En criterio de Andrea Ruiz, el caso refleja un uso indebido del poder por parte de autoridades judiciales. "Yo me pregunto, ¿a quién acudo si mis agresores son los que administran la ley y utilizan la ley como un arma en contra mía?", cuestionó durante la entrevista.
Ruiz afirmó que el conflicto les ocasionó perjuicios económicos y emocionales, ya que continúan pagando un préstamo bancario solicitado para devolver el dinero del anticrético, mientras el departamento permanece ocupado de manera irregular.
“Tenemos miedo incluso de nuestra propia seguridad, porque sabemos que estamos ante personas que son pesadas en la ley y que pueden utilizar la ley en nuestra contra”, manifestó.
Las denunciantes solicitaron que se cumpla la resolución constitucional y que puedan recuperar el inmueble el próximo 12 de julio, además de que las investigaciones penales y civiles se desarrollen sin interferencias. También pidieron que el caso sea conocido por el Consejo de la Magistratura, al tratarse de una servidora judicial.
ANF intentó obtener la versión de la jueza Milca G. señalada en la denuncia. De acuerdo con la información disponible, la autoridad declinó emitir declaraciones sobre el caso, no obstante, advirtió al periodista en tono de amenaza que grabaría la llamada telefónica.
Esta agencia ha accedido a los documentos del contrato de anticrético, por ejemplo, la minuta suscrita entre América Asturizaga dueña del departamento con Ariel B. en fecha 5 de abril de 2022. Al testimonio de la escritura pública notariada.
Además, a la resolución de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al depósito judicial que realizaron las ahora propietarias de del departamento. Ruiz presentó también las impresiones en imágenes de los mensajes de celular tanto de la jueza como de Blanco quien originalmente suscribió el contrato, ese reporte ha sido notariado para su validez.
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