Presos de la cárcel de San Pedro. Foto archivo.
La Paz, 14 de noviembre (ANF).- En el primer trimestre del año, la cantidad de detenidos en las cárceles, entre preventivos y con sentencia, sumaron 16.613, informó el abogado de la Comisión Penal, Jorge Mostajo Barrios, en la jornadas de socialización de los “Códigos Morales”.
Se trata del monto más elevado de los últimos 16 años de acuerdo a los datos de la Dirección de Régimen Penitenciario publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es muy “preocupante los datos oficiales sobre la situación de las cárceles cuando de 16.613 detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 estén con sentencia y 11.585 con detención preventiva”, señaló Mostajo en Cochabamba, según la nota de prensa difundida por el Ministerio de Justicia.
De acuerdo a datos de Régimen Penitenciario, en 2014 la cantidad de presos en el país era de 14.220 y en 2015 la cantidad bajó a 13.672. No hay datos para 2016 en el INE, sin embargo la Fundación Construir registra una cantidad de 15.600 internos para 2016. Tomando en cuenta la cifra de 2016, los internos del país aumentaron en 1.013.
En esa perspectiva, Mostajo planteó una nueva propuesta del Código de Ejecución Penal que regule la ejecución de la pena, otorgue medidas de seguridad y efectivice un mejor control de la detención preventiva en el ámbito judicial.
Señaló como fundamental dotar al sistema de ejecución penal de un medio de autoevaluación permanente y contar con datos precisos para la construcción de una adecuada política criminal.
Asimismo, dijo que, por el dinamismo de la materia penitenciaria, debe regularse por decreto supremo la materia de vigilancia penitenciaria (órgano disciplinario - administrativo).
El ministro de Justicia, Héctor Arce, presente en el acto, manifestó que “algo está mal” para que las cárceles del país sigan llenándose de personas.
“Nuestras cárceles no tienen capacidad para esa cantidad de detenidos; algo está mal, es responsabilidad del Gobierno y del Estado dar una solución; trabajaremos con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para resolver esta situación”, afirmó.
A través del anteproyecto del Código de Ejecución Penal, dijo el ministro, se busca reducir ese alto índice de detenciones preventivas, pues de lo contrario la sociedad se penaliza, las cárceles rebalsan y finalmente el “sistema colapsa”.
“Debemos garantizar que ese elevado índice de 70 hasta 80 por ciento de personas privadas de libertad con detención preventiva y sólo el resto mínimo con sentencia, se vuelque en la aplicación del nuevo Código de Ejecución Penal, es decir, que el 70 u 80 por ciento deben tener sentencia y el resto con detención preventiva, pero de los casos de extrema peligrosidad”, afirmó.
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