Fiscal departamental, Williams Alave. Foto: Ministerio Público
La Paz, 5 de abril (ANF).- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció este viernes el inicio de una investigación penal contra funcionarios públicos que permitieron por al menos cinco años el tráfico de medicamento ilegal en el país al no realizar un control suficiente para evitar esta situación.
La autoridad apunta contra los funcionarios del Servicio departamental de salud (Sedes) y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) del Ministerio de Salud.
“Ya detuvimos a 10 personas (traficantes) y paralelamente vamos a ingresar a generar una investigación sobre incumplimiento de deberes, porque no solamente vamos a sancionar a los que trafican con medicamentos, sino a aquel que no controla de manera efectiva” este delito, dijo Alave a Unitel.
El 29 de marzo fue descubierta y desarticulada una red que comercializaba fármacos ilegales y falsos. Por este hecho la policía aprehendió a 10 personas. El medicamento incautado está valuado en unos $us 350.000. La red traficaba al menos 100 tipos de medicamentos ilegales y operaba desde hace cinco años en el país.
“Hemos identificado que existe incumplimiento de deberes (…), las instituciones en este caso, Sedes y Agemed, tienen que controlar periódicamente esto y no lo han hecho”, apuntó.
Muestra de este descontrol, dijo Alave, es que las instituciones no conocen el número de farmacias que hay en la ciudad de La Paz, ya que solo cuentan con una lista que es de 2014.
“En El Alto existen farmacias ilegales que funcionan a partir de las 18.00 para adelante, eso nos da a entender que no existe un verdadero control por parte de estas instancias”, remarcó la autoridad.
Funcionarios de Agemed señalaron en una anterior declaración que realizaron operativos en enero de este año y evidenciaron esta situación, pero no hicieron la denuncia a tiempo; para Alave, “lastimosamente las instituciones hacen una omisión para evitar ser involucrados”.
“Pero no olvidemos que dentro del sistema penal, también el encubrimiento es un delito, y en este caso cuando no se denuncia un hecho se entra en el encubrimiento, y mucho más se sanciona a la persona cuando es funcionario público, porque no solo comete un delito de encubrimiento, sino además de incumplimiento de deberes”, subrayó.
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