La Paz, 8 de julio de 2024 (ANF). - El juez quinto de Instrucción Penal determinó la detención preventiva del presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Fernando Hamdan, en la cárcel de San Pedro, por seis meses, presuntamente implicado en la toma militar de plaza Murillo.
“Por tanto, el suscrito juez sin ingresar en más consideraciones, dispone que el ciudadano Fernando Hamdan Calancha preste detención preventiva por el periodo de seis meses en el centro penitenciario de la cárcel de San Pedro”, dictaminó el juez.
El Ministerio Público presentó una imputación en contra del activista de Derechos Humanos por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, porque presuntamente fue parte de los que organizaron la revuelta militar del pasado 26 de junio.
Las declaraciones de tres militares y un civil implicaron al activista en este caso. Los uniformados afirmaron que Hamdan se reunió el lunes 24 de junio con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, en el hotel “Don Nelo”, de La Paz, donde supuestamente sellaron un pacto, pero no se detallaron más elementos.
“Asimismo, refiere que ese día, en la habitación Nº 17 del hotel se reunieron el mayor Iriarte, el señor Fernando Hamdan y el general Zúñiga, reunión previamente planificada. El mayor Sanjinés también estaría dentro del hotel debido a que refiere que el general Zúñiga, el mayor Iriarte y el mayor Sanjinés se retiraron tipo 9 a 10 de la noche, se dan la mano y un abrazo e indica escuchar textualmente... ‘tenemos un pacto’”, señala la relación de hechos presentada por la fiscalía.
Incluso, el fiscal dijo que Hamdan habría ofrecido apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de Israel y otros organismos. Sin embrago, más temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que no existían pruebas que certifiquen esa aseveración.
“El señor Fernando Hamdan, no tenemos conocimiento, a ciencia cierta, un elemento de convicción que demuestre que hubiese existido apoyo de financiamiento económico, pero sí iba a existir un apoyo político de ciertos sectores de la sociedad”, señaló.
Luego que el juez emitió el dictamen, el abogado del Ministerio de Gobierno solicitó al juez que modifique la valoración de los riesgos procesales con relación al tema del trabajo, ya que la CIDHPDA no estaría legalmente establecido en el país, por tanto, Hamdan no cuenta con un trabajo lícito.
“Como se ha afirmado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas no tiene una representación licita en nuestro país, por lo tanto la actividad que ejerce es de manera ilícita y por ende carece de un domicilio laboral en el cual puede ser habido el imputado”, señaló el jurista.
Al respecto, el juez detalló que esa organización de derechos humanos cuenta con el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores y donde se pone a conocimiento que Hamdan forma parte de esa delegación.
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