La Paz, 9 de febrero de 2023 (ANF).- Salvo alguna acción para impedir por segunda vez el desarrollo de la audiencia, mañana podría iniciar el juicio a las 14.30 en contra del exfiscal departamental, Edwin Blanco Soria, y la fiscal investigadora Susana Boyán Téllez, quienes en 2015 acusaron al médico Jhiery Fernández por la muerte del bebé Alexander.
“Ya hay un auto de apertura de juicio, lo teníamos señalado para el 12 de enero; lamentablemente se ha suspendido por maniobra de los acusados esta audiencia, pero ya se ha vuelto a señalar un nuevo día y hora para el 10 de febrero”, informó a la ANF Cristian Alanes, abogado de Jhiery Fernández.
En 2014, el joven galeno fue aprehendido, acusado y condenado a 20 años de presidio por el delito de violación de un infante; sin embargo, una revelación de una juez en 2018 demostró que fue sentenciado siendo inocente. Tras esa declaración, el galeno fue liberado y decidió iniciar un juicio particular en contra de los dos fiscales que forzaron las pruebas.
Ese mismo año, los dos fiscales presentaron las renuncias a sus cargos; pero en 2021, Blanco reapareció convertido en juez de sentencia en La Paz; mientras que Boyán se dedicó a la profesión libre. Ese mismo año, el Ministerio Público decidió imputarlos por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
Alanes dijo que ellos cuentan con abundante prueba en contra de los exfiscales y que los mismos serán presentados en el juicio.
El abogado de la defensa de Fernández lamentó que exista una retardación de justicia y cuestionó no sólo a los fiscales, por el deficiente trabajo que realizan, sino a los propios jueces que demoran los casos sin razón y en perjuicio de los litigantes.
“No solamente a los tribunales departamentales, sino a las salas penales por la demora de los trámites. Un ejemplo, en el Tribunal Constitucional tengo casos de acciones constitucionales que son de hace más de dos años y no retornan de Sucre”, lamentó el abogado.
Desde el 25 de enero se desarrolla una iniciativa ciudadana para realizar cambios en la justicia boliviana, el principal propósito es garantizar la designación de jueces probos e independientes. Para lograr el objetivo, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana. Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país.
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