La Paz, 27 de enero de 2024 (ANF). - Hasta agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 17 denuncias contra el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana por la exhibición ante los medios de comunicación de personas aprehendidas, vulnerando los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En noviembre del pasado año, esa instancia aprobó la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2024/07 en la que se detallan los casos denunciados y recomienda al Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y a la Policía Boliviana prohibir que exhiban, expongan o presenten ante los medios de comunicación a personas aprehendidas, a menos que éstas expresen su consentimiento.
Esta situación toma relevancia luego que la semana pasada el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó ante los medios de comunicación a Reyna H. sin su consentimiento, a quien atribuyeron un delito. Ella y sus hijos fueron reportados como desaparecidos el 30 de diciembre de 2024, pero ella apareció el 21 de enero en un alojamiento.
Incluso el Ministerio Público abrió una investigación por simulación de delitos, abandono de menor y violencia familiar, además pidió su detención preventiva. Sin embargo, un juez de La Paz determinó su libertad porque no existían indicios para enviarla a la cárcel.
Los casos
El primer caso mencionado en el informe de la Defensoría data del 26 de febrero de 2024, Elizabeth B. L. presentó una denuncia porque su hijo Rainer A. F. B. fue aprehendido en Sucre y trasladado a La Paz porque presuntamente era parte de una red de estafadores, fue exhibido a los medios de comunicación.
El segundo caso se registró el 3 de mayo, el Ministerio de Gobierno presentó a Ronald R. C., Liz A. V. y Madelen V. V. porque presuntamente generaron disturbios durante el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) arcista, que se realizó en El Alto. La tercera denuncia se abrió de oficio el 27 de junio, luego de la toma militar de plaza Murillo y la exhibición del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga y otros exjefes militares.
El cuarto caso fue presentado el 21 de agosto, el militar Marco M. C. C. denunció que también fue expuesto ante los medios de comunicación como parte del grupo II de “Coordinación y Organización” de la asonada militar. Otra denuncia fue interpuesta por el activista de Derechos Humanos Fernando Hamdan quien también fue implicado en ese hecho.
En ese mismo contexto, las otras 12 denuncias fueron interpuestas por los militares: Edson Alejandro I. C.; Waldir M. H.; Roberto A. R.; Miguel Ángel B. D.; Demetrio M. A.; Alan C. Q.; Raúl B. M.; Marcelo Franklin G. F.; Aníbal Abel A. G.; Franz Luis O. M.; Miguel Fernando I. S.; y Luis Domingo B. G. implicados en la toma de plaza murillo ya que también fueron expuestos mediáticamente sin el consentimiento de los sindicados.
En la resolución, la Defensoría recomendó retirar las publicaciones de las exposiciones de personas aprehendidas y detenidas publicadas en la página oficial y redes sociales del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, y Policía Boliviana.
A la vez, prohibió a las autoridades exponer en medios de comunicación fotografías de los aprehendidos sin que previamente se cumplan con las formalidades previstas en el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal.
“No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas”, señala el numeral cuatro del artículo 296 de dicha norma.
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