La Paz, 6 de julio de 2024 (ANF). - Atentado contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos, son los delitos por los que se amplió la investigación contra los 23 militares presuntamente implicados en la toma de plaza Murillo. Además, el caso fue denominado “golpe de Estado III”.
“...Se inició y amplió en su investigación por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y artículo 26 de la Ley N° 004”, señala el comunicado de la Procuraduría General del Estado.
Inicialmente, la fiscalía abrió una investigación por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Ahora, con esta ampliación los implicados serán procesados por cinco tipos penales.
A la vez, esa entidad gubernamental informó que el caso radica en el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto de La Paz, desde el inicio del proceso pasaron 10 días y el Ministerio Público emitió un total de seis imputaciones formales contra 24 personas, entre militares y un civil.
Las personas procesadas hasta el momento son: Juan José Z., Miguel I., Raúl B., Alan Q., Alejandro I., Juan A., Juan P., Julio B., Miguel I., Luis B., Waldir M., Leonel S., Marco C., Roberto A., Raúl B., Marcelo G., Franz O., Juan Carlos D., Roman C., Miguel Ángel B., Demetrio M., Marcel Z., Vladimir L., Vladimir C. y Jaime C. V.. Además del civil Aníbal A.
En el comunicado, la Procuraduría denominó el caso “golpe de Estado III”, además reiteró su compromiso en la defensa del gobierno de Luis Arce y advierte que es un mensaje contra la impunidad de esos hechos y que no se repita la “comisión de gravísimos delitos” que atenten contra el orden del país.
“La PGE reitera su compromiso con la justicia, el estado constitucional de derecho y la defensa inclaudicable del gobierno legalmente constituido, asegurando que este caso sea un mensaje contra la impunidad y la no repetición de la comisión de gravísimos delitos que atentan contra la soberanía popular, la seguridad externa y orden interno del país”, concluye.
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