La Paz, 10 de enero de 2025 (ANF).- La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, en defensa del guardaparque Marcos Uzquiano, quien fue despedido del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) sin justificar las razones.
“Confiamos en la justicia, pero independientemente al resultado, la lucha y defensa de nuestras áreas protegidas y por recuperar su institucionalidad no se detiene”, dijo Uzquiano en sus redes sociales, cuyo caso ha generado indignación en la comunidad ambientalista.
Uzquiano y otros tres guardaparques fueron despedidos el último día de 2024, sin justificar las razones de esa determinación. La audiencia se realizará de forma virtual el lunes, 13 de enero, a las 14:00. También se dispuso la notificación al director ejecutivo del Sernap, Jhonson Jiménez, para que presente su informe y remita los antecedentes del caso.
El guardaparque fue destituido de su cargo como jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, apenas días después de denunciar ante la Fiscalía de Santa Cruz una red clandestina que ofrecía tours de caza de jaguares en territorio boliviano.
La destitución resulta cuestionable considerando que, dos semanas antes, Uzquiano había recibido una evaluación de desempeño con calificación de excelencia (100%). Además del despido, el Sernap inició, los primeros días de 2025, un proceso administrativo contra el guardaparque, acusándolo de contravenir la Constitución por su rol como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac).
El caso no solo representa una posible violación de derechos laborales, sino que también contradice el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Bolivia que obliga al Estado a proteger a los defensores ambientales. La destitución de Uzquiano forma parte de un patrón más amplio que incluye el despido de otros tres directores de áreas protegidas, según una nota de Fundación Tierra.
La admisión del amparo constitucional por la Sala Constitucional Segunda de La Paz abre una oportunidad para hacer justicia en el caso Uzquiano. Este proceso no solo busca restituir los derechos de un guardaparque con más de 20 años de servicio, sino que pondrá a prueba el compromiso real del Estado boliviano con la protección de quienes defienden el medio ambiente, añade.
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