La Paz, 21 de junio de 2024 (ANF).- Rodrigo Rey, abogado de Carla y Florencia (nombres ficticios para preservar su identidad), suplicó a las autoridades bolivianas acelerar los procesos judiciales necesarios para liberar a las dos turistas uruguayas, con detención preventiva por más de tres meses en la cárcel de Obrajes por portar siete gramos de cannabis, para evitar mayor deterioro en su salud física y mental, y puedan regresar a su país.
“Queremos afirmar que cometimos un error, mis clientas que estaban en calidad de turistas no sabían realmente que era un delito tan grave consumir cannabis, y la hija cometió ese error, pero hace 90 días están presas por ese error”, señaló el jurista en contacto con ANF.
El 17 de marzo, Carla (60) y su hija Florencia (27) estaban remitiendo una de sus valijas en el Aeropuerto Internacional de El Alto para regresar a Uruguay, tras un viaje turístico de unas semanas por Bolivia, cuando un oficial de la Aduana le pidió revisar el equipaje al observar dentro una botella. Cuando la abrió, encontró siete gramos de marihuana.
El hallazgo ocasionó la detención de la madre y su hija. El 18 de marzo, el fiscal Diego Farrachol, las imputó por tráfico de drogas y fueron enviadas de manera preventiva a la cárcel femenina de Obrajes por 90 días.
Un mes y medio después, la defensa de la familia logró reunir las pruebas necesarias para que la Fiscalía revisara la decisión: sobreseyera a la madre y cambiara el delito de la hija a uno de consumo, cuya pena es la expulsión del país, a lo que el fiscal Farrachol accedió el 8 de mayo.
La prueba clave para este cambio, refirió el abogado, fue que Florencia, a quien se encontró la marihuana en su maleta, está registrada como integrante de un club cannábico en Uruguay, lo que el fiscal entendió como una demostración de que la joven hace un consumo recreativo de la hoja y no la trafica. Sin embargo, a más de un mes de esta decisión, ambas siguen en prisión.
“En el caso de la mamá, el fiscal entendió que no cometió ningún delito y por tanto pidió el sobreseimiento, y en el caso de la hija pidió la acusación por delito de consumo, que en el derecho penal boliviano no tiene pena de prisión, la pena para los extranjeros es la expulsión”, indicó.
Pero ahora, dijo, necesitamos que se ejecuten esas resoluciones fiscales, que el fiscal envíe el sobreseimiento a la Fiscalía departamental, y que el Juzgado de Instrucción envíe la acusación fiscal por consumo al Juzgado de Sentencia.
“Que se ejecuten las resoluciones, es lo único que necesitamos, no pedimos ni un tratamiento preferencial ni tener privilegios, ni nada, queremos que se ejecuten las resoluciones, porque mis compatriotas están presas, las han acogido muy amablemente, pero ya el deterioro que están sufriendo en su salud mental y emocional es muy preocupante”, apuntó.
El abogado agradeció y destacó el tratamiento humano que han recibido sus compatriotas por parte de los funcionarios del penal, pero le preocupa el deterioro grave de la salud mental de sus defendidas.
“Nosotros le estamos suplicando al fiscal (Farrachol), así como tuvo ese criterio humanitario, jurídicamente razonable, de entender que dos turistas con 7 gramos de cannabis no son narcotraficantes, que por favor envíe esos documentos para su ratificación, porque la mamá que es una mujer que tiene más de 60 años la está pasando realmente muy mal en prisión, y a mí me preocupa el deterioro tan acelerado de su salud física y emocional”, apuntó.
Explicó que la liberación de la madre solo depende de un trámite burocrático que se tendría que cumplir en 10 días, y en el caso de la hija, se necesita que la acusación fiscal por el delito de consumo tenga sentencia judicial, que en el caso de los extranjeros se aplica la Ley de Residencia y se los expulsa, y debería haberse hecho en menos de un mes desde el 8 de mayo.
“Lo único que nosotros pedimos es que el Juzgado de Instrucción cumpla la orden fiscal, porque el fiscal ha actuado humanitariamente, no queremos tratamiento privilegiado ni nada, aceptamos el error, pero por favor, no se olviden que son turistas y necesitan reencontrarse con su familia”, subrayó.
Dijo que, a partir del 8 de mayo, con el cambio de acusación, la familia y la defensa vieron la luz al final del túnel, “porque el otro escenario con el delito de tráfico era infernal”, pero ahora “el problema es que no sabemos cuánto tiempo tenemos que seguir recorriendo, y mi miedo es que se me queden en el camino mis clientas, que no lleguen a salir del túnel, porque emocionalmente están muy deterioradas”.
/ANF/
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