Exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo. Foto archivo: El Deber
La Paz, 11 de mayo de 2023 (ANF).- A más de un año de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, resultado de un proceso sistemático de tortura judicial y carcelaria, su abogado defensor Héctor Castellón sigue recibiendo notificaciones para actuados procesales. Castellón advirtió que la intención del Ministerio Público es martirizar a la familia, mientras que el activista de derechos Humanos David Inca observó negligencia judicial y una “burocracia inhumana” que solo ve en los litigantes memoriales y no personas.
“Para que vea la población lo absurdo de este caso, sigo recibiendo notificaciones, pese a que Marco Aramayo murió hace más de un año, sigo recibiendo notificaciones con actuados procesales en los que en algunos se notifica a Marco Aramayo, o sea, ni siquiera han hecho en el Ministerio Público la extinción de oficio por muerte”, señaló Castellón a ANF.
Aramayo, que denunció la corrupción en el Fondo Indígena, falleció la madrugada del 19 de abril de 2019. Llevaba detenido siete años, con 256 procesos penales por delitos similares, en los que fue sometido a una sistemática tortura judicial y carcelaria que medraron en su salud y terminaron con su vida.
“Marco Aramayo no era un ciudadano desconocido, ha sido uno de los nombres más escuchados en la última década, y que el Ministerio Público no tenga la capacidad o por lo menos la decencia como institución de haber ordenado a todos los departamentos hacer una extensión por muerte, nos muestra la condición y la calidad humana de quienes están ejerciendo esos cargos”, aseveró el abogado.
En los últimos meses Castellón recibió alrededor de 10 notificaciones de distintos estrados judiciales que siguen citando a Marco Aramayo a participar de actuados.
“Si algunos jueces no saben, sería bueno que lean las noticias para que incluso de oficio, porque también los jueces lo pueden hacer, puedan determinar la extinción y dejen así de martirizar a la familia, porque seguir recibiendo notificaciones es pues una forma también de torturar ya no a Marco sino a la familia”, exhortó.
Aramayo murió a raíz de un coma y su caso fue analizado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), instancia que emitió un informe titulado “El disfuncionamiento de la justicia. Tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Antonio Aramayo”, y concluyó que el exdirector del Fondo Indígena padeció 88 agresiones y fue torturado al menos 188 veces por jueces, policías y otros funcionarios judiciales y de Gobierno, durante su reclusión.
“Sobre que le costó la vida al principal denunciante y a quien develó todo esto, parece que no están conformes y están buscando que sea la familia también la que se vea afectada de alguna manera; es la única explicación que queda para entender este tipo de actos procesales en los cuales se siga notificando a mi persona como abogado de Marco Aramayo", remarcó Castellón.
Para el activista de derechos humanos David Inca estas notificaciones aberrantes tienen que ver con negligencia del Ministerio Público ya que es de conocimiento general el deceso de Aramayo, por lo que no se puede atribuir que continúen las notificaciones a un hecho burocrático de que el patrocinante no informó sobre la situación civil del mencionado.
“El hecho de que se reciba todavía estas notificaciones a sabiendas públicas de que él ha fallecido, demuestra claramente una negligencia en el sentido de cerrar los procesos que hubiese tenido el señor Aramayo”, dijo el activista a ANF.
Inca anticipó que el argumento de la Fiscalía será que siguen haciendo las notificaciones debido a que no han sido notificados oficialmente del deceso de Aramayo, pese a que ya ha pasado un año, lo que demuestra, según dijo, la “calidad humana” de los funcionarios.
“Entonces ahí viene nomás pues la parte inhumana de los procesos, no ven a la persona, solamente ven el documento, el memorial, y ahí se excluye totalmente la humanidad, yo creo que ese es el tema de fondo en realidad”, apuntó.
Además, dijo que por esta negligencia se ve afectado el erario del órgano judicial que debe realizar todo un trámite para notificar.
“En este caso por economía procesal debería ya suspenderse cualquier trámite que hubiese tenido el señor Aramayo en vida, un proceso en vida; esto genera gasto del erario de la justicia porque tienen que notificar, elaborar documentos, llevar, es un gasto innecesario”, observó.
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