La Paz, 15 de diciembre de 2024 (ANF). - El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi sugirió que los magistrados suplentes electos con mayor votación reemplacen a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), previa modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial.
La autoridad dijo que, en caso de que se aplique esa sugerencia, no será necesario convocar a una nueva elección judicial para cubrir las acefalías, sino que dependerá de la “voluntad” de la Asamblea Legislativa para modificar la ley y establecer que el TCP esté conformado por siete magistrados, tal como fue inicialmente.
“En el caso del Tribunal Constitucional, vamos a elegir hoy a cuatro titulares y cuatro suplentes, si acaso hay una modificación de la Ley 025. Los tres suplentes más votados subirían como titulares porque están emergiendo del voto del ciudadano. ¿Por qué siete? Porque fue el origen del Tribunal Constitucional el 2011”, explicó la autoridad.
En abril de 2017, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 929 en la que se dispuso incrementar la cantidad de magistrados del TCP de 7 a 9. En las elecciones judiciales de ese año se eligieron a nueve magistrados titulares y nueve suplentes, en representación de cada uno de los departamentos del país.
En ese sentido, Tahuichi dijo que, si la Asamblea Legislativa trabaja bajo ese razonamiento y modifica la Ley 025 del Tribunal Constitucional, ya no habrá la necesidad de convocar a otras elecciones judiciales.
“Si ese fuera el razonamiento de nuestra Asamblea Legislativa, no habría otra elección, se completaría siete, porque la soberanía reside en el pueblo, reside en el soberano que es a través del voto, y, repito, es en el pueblo”, destacó.
En noviembre, la Sala Constitucional Cuarta del TCP emitió una sentencia mediante la cual declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.
Mientras que en el caso del TCP se anuló el proceso en cinco regiones: Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Esa decisión fue cuestionada por los postulantes afectados, diferentes actores políticos y la sociedad civil.
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