La Paz, 10 de mayo de 2024 (ANF).- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5143, y dejó en suspenso la aplicación de la norma, según el auto constitucional 0205/2024-CA al que accedió la ANF.
“Admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta, planteada por Juan José Jauregui Ururi, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del decreto supremo 5341 (…)”, por considerarlo contrario a los artículos de la Constitución Política del Estado.
Este jueves, el diputado de la facción arcista presentó ante el TCP la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el decreto 5143 y ha pedido medidas cautelares para dejar en suspenso los efectos jurídicos de dicha norma.
Los magistrados Karen Gallardo, Isidora Jiménez y René Yván Espada, también concedieron la solicitud de medidas cautelares, para dejar en suspenso la normativa que emanó del Órgano Ejecutivo.
“Ha lugar la medida cautelar impetrada conforme a los argumentos expuestos (…) de este fallo constitucional disponiendo la suspensión temporal de la aplicación temporal DS 5143, en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta hasta que se emita la correspondiente Sentencia Constitucional”, se lee en el auto.
La oposición en particular ha cuestionado que el Gobierno haya recurrido a la reglamentación vía decreto supremo y no a través de una ley que sea objeto de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, toda vez que el tema hace a la propiedad privada de los ciudadanos.
Por otra parte, los opositores observan que el Gobierno central tenga acceso a la base de datos de los bienes de los ciudadanos a través de la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), un tema que ha sido negado por las autoridades.
“Lo que se ha cuestionado es la forma de reglamentación que debería ser por una ley”, afirmó, por lo tanto, lo que “implica examinar es si (el decreto) fue creado conforme al procedimiento jurídico”, añadió Jauregui al anunciar que se recurrió al TCP.
En ese contexto, el legislador dijo que no era necesario que se desarrollen las medidas de presión anunciadas por diferentes sectores sociales y políticos, porque el TCP se encargará de hacer el control de constitucionalidad de dicha norma.
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