La Paz, 22 de noviembre de 2024 (ANF). - El ampliado del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó a Evo Morales como presidente del instrumento político, pese a la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además marcharán a la paz exigiendo la liberación de los más de 100 detenidos y soluciones a la crisis económica.
“En estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el estatuto orgánico del MAS-IPSP, la Ley de Organizaciones Políticas 1096 y la normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Evo Morales además sigue siendo legal, legítima y constitucionalmente el presidente del Movimiento Al Socialismo”, dice la primera conclusión.
Este viernes se llevó a cabo una reunión de emergencia del MAS en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, donde asistieron más de 1.500 personas y se analizó distintos temas de la coyuntura nacional y de los conflictos internos del MAS.
El ampliado aprobó un documento con siete puntos, uno de ellos anunció la realización de una “gran movilización” hacia la ciudad de La Paz, aunque no se definió una fecha. La marcha exige la liberación de los más de 100 detenidos durante los 24 días de bloqueo de carreteras, en defensa de Evo Morales y en demanda de soluciones a la crisis económica del país.
“Determinamos la organización de una gran movilización nacional en la ciudad de La Paz para exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas de detenidos injustamente por el régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca”, señala otro de los puntos.
Otra de las conclusiones a la que arribaron fue ratificar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 por el MAS.
A la vez, denunciaron que se generó un “estado de sitio de facto” y la “desinstitucionalización” de los órganos del Estado; piden a organismos internacionales que verifiquen violaciones de derechos humanos y se exijan garantías para los dirigentes en protesta.
Se cuestionaron decretos que promueven la importación de alimentos y combustibles, acusándolos de favorecer un retorno al neoliberalismo; solicitaron al Gobierno condonar intereses y otorgar facilidades a más de 1,5 millones de prestatarios afectados por la crisis económica.
Finalmente, denunciaron y cuestionaron la injerencia política y de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral.
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