La Paz, 2 de febrero de 2024 (ANF).- El exmagistrado Zenón Bacarreza, que avaló en 2017 la reelección indefinida como un derecho humano de Evo Morales y Álvaro García Linera, calificó de “sicarios del Tribunal Constitucional Plurinacional” a los actuales magistrados prorrogados.
“(Son) sinvergüenzas, sino traficantes, son sicarios de la Justicia”, declaró la exautoridad, en relación a los “magistrados” que se autoprorrogaron en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Lo digo al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, al señor Paul Franco, y a Yván Espada, son sicarios del TCP”, añadió en declaraciones a RTP.
El 28 de noviembre de 2017, los magistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Ruddy José Flores Monterrey y Neldy Virginia Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a los entonces presidente y vicepresidente, Evo Morales, y Álvaro García Linera, a repostularse de forma indefinida, por ser un “derecho humano”.
Una sentencia polémica que en 2021 fue totalmente rebatida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una opinión consultiva, en la que se estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano y no estaba protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dos de esos exmagistrados, Flores y Andrade –actualmente- son funcionarios públicos en la Vicepresidencia del Estado, según pudo verificar la ANF en las declaraciones juradas que realizaron en la Contraloría General del Estado. Aunque varias autoridades del gobierno de Luis Arce los llaman “serviles” al expresidente Evo Morales.
Sus excolegas al cumplir su mandato en el TCP también ocuparon cargos en el Órgano Ejecutivo, en diferentes tiempos. Por ejemplo, Bacarreza fue funcionario en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).
Sólo el magistrado Efrén Choque se negó a firmar la sentencia de la reelección indefinida. Pese a la búsqueda que realizó este medio no encontró indicio de que hubiera ocupado algún cargo en ninguno de los gobiernos.
Los magistrados prorrogados del TCP son cuestionados por haber dictado una Declaración constitucional para quedarse en sus cargos hasta la realización de las elecciones judiciales, a pesar de que la Constitución prevé la cesación de sus funciones en un periodo de seis años, que se cumplió el 31 de diciembre de 2023.
Además, este jueves otorgaron, en 48 horas, medidas cautelares a pedido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia “ordenando” a la Asamblea Legislativa Plurinacional que antes de dar vía libre a las elecciones judiciales deben reconocer su Declaración de prórroga de mandato.
Al respecto Bacarreza dijo “dejen de arruinar el país, dejen el cargo y vayan a sus casas. La Constitución les ha dado un deber y ustedes han cumplido, han cumplido seis años y deben irse por el bien del país, porque algún día la justicia y el pueblo boliviano les va a caer”.
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