El “Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) del Bicentenario 2025 (PLPGEB2025)” último documento presupuestario de la gestión gubernamental del presidente Luis Arce y 200 años de creación de la República de Bolivia se conoció públicamente el lunes 25 de noviembre del año en curso para ser discutido y aprobada en las dos cámaras, hasta sesenta días y enviar al Ejecutivo para su promulgación de la ley.
En cuatro años de gobierno después del rebote económico el 2021 (6,1%)y la economía declino su crecimiento 2022 (3,6%); 2023 (3,1%) y 2024 (a junio 2,58%), aumenta la tasa de inflación reprimida y postergada, disminución del flujo y stock de divisas (dólares), mercado paralelo del dólar, brecha y atraso cambiario incrementándose, elevada deuda pública, déficit fiscal y cuasi fiscal creciente, mora bancaria aumentando, liquidez del TGN insuficiente para otorgar las cuotas de compromiso, devengado de gasto y pago a los acreedores de las entidades públicas que a fin del 2024 con elevada deuda flotante.
El PLPGEB2025 mantiene la estructura organizativa administrativa general vigente 2006-2024 y aumento el PGE agregado 2025 respecto al 2024 en términos absolutos en Bs29.022 millones (8,52%) y el consolidado aumenta en términos absolutos en Bs31.007 millones (11,67%), esperando un crecimiento económico de 3,51%, una tasa de inflación de 7,5%, un déficit fiscal respecto al PIB de 9,2% y un tipo de cambio fijo no especificado pero su variación de + y - 10% respecto al fijado para el sector público. Es decir, se considera que con la expansión del gasto público crecería la economía pero con efectos desfavorables en la elevación del costo de vida y del déficit fiscal, manteniendo fijo el tipo de cambio para el sector público y un mercado paralelo para el resto de la economía, financiado con crédito público interno y externo, condicionado a que se cumpla los 60 días sin ser tratado en el legislativo el documento presupuestario, para que el órgano ejecutivo pueda disponer libremente en la contratación de nuevos créditos externos y el BCB utilice las barras de oro como garantía, contrate deuda para fortalecer las reservas internacionales que significaría la elevación del déficit cuasi fiscal y déficit fiscal.
La tasa de crecimiento económico está por encima de las prevista por los Organismos Internacionales (OI) que se explica en el PLPGE2025 en sus artículos y los Títulos I y II como es el caso de la entrada en operación de la Siderúrgica El Mutún y YLB. La elevada tasa de inflación que duplica las estimadas por las OI debido a la expansión del gasto público (corriente y de capital) que resulta en un elevado déficit fiscal financiado con desahorro público, deuda flotante y diversas fuentes de financiamiento señaladas en el proyecto de ley: crédito externo; crédito interno del BCB; utilizar las barras de oro como garantía y pignorar las reservas internacionales del BCB; emisión de bonos soberanos hasta $US3.000 millones para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos (gasto corriente); autorización al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) a contratar garantías o colaterales por un monto de hasta $US1.000 millones y de la CAF línea de crédito contingente de liquidez de hasta $US400 millones; autorizar al TGN el aumento del capital al Banco de Desarrollo por Bs219 millones; autorizar al MEFP realizar las operaciones de bonos de carbono YPFB; la renta dignidad es reducida su cobertura de beneficiarios; incentivos fiscales para la importación de bienes de capital; se modifica la ley del BCB, para que pueda contratar crédito externo para fortalecer las RIN y realizar su pignoración más apropiada para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.
Por lo mencionado es un proyecto de ley que busca que el órgano legislativo le autorice al órgano ejecutivo a realizar libremente las operaciones de crédito público y pignoración de las RIN y contrate créditos el Banco Central de Bolivia (BCB) que son atribuciones del legislativo según la Constitución Política del Estado, por otra parte, deja a un lado el Principio presupuestario de exclusividad” que señala que en una ley de presupuesto únicamente tiene que contener aspectos presupuestarios.
La continuación de la política económica de que los gastos fiscales superan a los ingresos fiscales y sean financiados con crédito público como fue elaborado el PLPGEB2025 es porque ya no se cuenta con un espacio fiscal[1], y se busca concluir la gestión de acuerdo al ciclo presupuesto electoral.
El ratio PGE/PIB para el 2022, 2023, 2024 fue 79%, 80% y 98,97% respectivamente y para la gestión 2025 de 123,4% año del Bicentenario de la República de Bolivia que significa que el gasto público en términos de monto financiero supera al de la producción de bienes y servicios finales, de igual manera los gastos del TGN también son elevados porque aproximadamente un 90 por ciento son recurrentes e inflexibles a la baja, como son el pago de salarios, renta vitalicia, servicio de la deuda pública, los programas sociales y transferencias condicionadas y no condicionadas, así como las subvenciones a los hidrocarburos, alimentos y servicios básicos que continuaría excepto que a partir de la próxima gestión fiscal se restringe la cobertura a los beneficiarios de la renta dignidad.
Con relación a los presupuestos de las gobernaciones 2025, según los resultados del Censo de población 2024 son afectados por la variación de los ingresos de la Coparticipación Tributaria y por la declinación de las reservas de gas y la conclusión del contrato de venta de gas a la República Argentina por concepto de regalías, el impuesto directo a los hidrocarburos y sus derivados.
El balance fiscal desagregado a nivel de grupos institucionales registra que los Órganos del Estado, Empresas Públicas y las Instituciones de Seguridad Social sus ingresos por encima de sus gastos, y las Entidades Descentralizadas, Municipios, Gobernaciones, Universidades Públicas, Instituciones Financieras y el resto de entidades sus ingresos por debajo de sus gastos. Esta situación significa una dependencia hacia el órgano rector de la política fiscal para que las instituciones con déficit fiscal consigan recursos públicos adicionales para cubrir su brecha fiscal que básicamente sería para el pago de sueldos.
El monto total programado de inversión pública 2025 son Bs27.603 millones distribuidas sectorialmente de la siguiente forma: productivo Bs12.667 millones (45,9%); Social Bs8.344 millones (30,2%); Infraestructura Bs5.839 millones (21,2%) y multisectorial Bs831 millones (2,7)decrece 33,20. Los proyectos de inversión del sector productivo respecto a su monto y estructura porcentual de participación ocupa el primer lugar respecto al resto de sectores, siguiendo la política gubernamental que apuesta a la industrialización y sustitución de importaciones que ya fue experimentado en el pasado siglo XX sin éxito.
Con relación a la fuente de financiamiento de la inversión pública 2025 son de origen interna son Bs16.867 millones (61,1%) y de fuente externa son Bs10.736 millones (38,9%).
Las cuentas públicas del PGE 2025 esperadas tendría un problema central que es la fuente de financiamiento del gasto, porque no sería con ingresos genuinos, es decir los impuestos, y continuaría recurriendo al crédito público interno y externo afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos al asumir el compromiso de utilizar los futuros ingresos públicos, para amortizar el capital y el pago de intereses de la deuda pública, como sucedió en la gestión 2023 utilizando las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa, y el 2024 con una operación de Carry Trade utilizando una transacción de reporto de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, honrando la fe del Estado, otra restricción es la situación del flujo de divisas y el stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, es decir el elevado déficit fiscal y nivel y tendencia declinante de las RIN.
El déficit fiscal programado 2025 es elevado y financiado con crédito del BCB que es inflacionario y nuevos contratos de deuda externa que afectaran a las actuales y futuras generaciones de bolivianos mediante los impuestos.
En conclusión, la estructura y contenido general del PLPGEB 2025 es similar a las anteriores leyes, excepto los proyectos de inversión en ejecución que concluyen el 2024 y la próxima gestión fiscal entrarían en operación con ingresos y gastos (Siderúrgica del Mutún, Yacimientos de Litio Bolivia y otras), como parte de la celebración de los doscientos años de creación de la República de Bolivia.
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[1] El espacio fiscal es la disponibilidad de recursos para financiar un incremento en el gasto público sin comprometer la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno o la estabilidad de la economía (Heller 2005).
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.
