La Paz, 1 de agosto de 2023 (ANF).- El Grupo Ad hoc de especialistas sobre reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (GAHE) pide al gobierno boliviano que cese la persecución en contra de Gustavo García Brito y su familia, quien votó a favor de que el país venda gasolina y diésel a precio subvencionado a los ciudadanos que tienen vehículos con placa extranjera y que forman parte de la Comunidad Andina.
El 17 de julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió un fallo en contra de Bolivia en el que emplaza a adoptar medidas para que los ciudadanos miembros de la comunidad andina (Perú, Ecuador y Colombia) no sufran discriminación o trato no igualitario al momento de comprar gasolina o diésel en el territorio boliviano.
El 30 de julio, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el magistrado García votó a favor de Perú, pero que renunció a su cargo de la CAN el 19 de junio de este año y que no lo comunicó. Ayer, el canciller Rogelio Mayta informó el inicio de un proceso legal en contra del exmagistrado, tras detectar supuestas anomalías en su designación como magistrado en el Tribunal de la CAN.
Luego que transcendiera esta noticia, la GAHE se pronunció a través de un documento e indicó que el proceso iniciado es “infundado”, además lamentó que este tema haya escalado a niveles inaceptables, a través de los medios de comunicación, la incitación la “violencia moral y física” contra la exautoridad y su familia.
“Nos solidarizamos plenamente con el magistrado Gustavo Brito y su familia y hacemos un urgente llamado al Gobierno boliviano para que cese la campaña en contra del citado magistrado”, indica una parte del documento de la GAHE.
Asimismo, el pronunciamiento indica que resulta “inaceptable” la “persecución” de un magistrado del TJCA, por motivos vinculados a postulación por un gobierno anterior de un país miembro (19 de diciembre de 2019), pero cuya designación fue adoptada por unanimidad de los plenipotenciarios de los países miembros del 14 de enero de 2020
“El proceso andino de integración se basa como ha dicho el Tribunal de Justicia en una comunidad de derecho, lo cual implica que las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por los países miembros sus ciudadanos y las instituciones del SAI”, indica otra parte del pronunciamiento.
Resulta imperioso y acorde al Estado de derecho en la Comunidad Andina respetar la institucionalidad del Tribunal de Justicia y la integridad de sus magistrados, señala el documento.
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