La Paz, 13 de abril de 2023 (ANF).- El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo y el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinero Vargas, llegaron a la Fiscalía Especializada en Lucha Contra la Corrupción, que está ubicada en un módulo policial del Plan 3000, para declarar por el paro cívico de 36 días que se realizó el año pasado en ese departamento para que los resultados del Censo de Población y Vivienda se apliquen en las próximas elecciones.
La Fiscalía citó a los denunciados a las 09.15, pero el vicerrector de la Uagrm llegó 20 minutos antes; luego arribó el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.
El tercer citado era Vicente Cuéllar, pero envió a su abogado porque se encuentra cumpliendo una agenda internacional en Europa donde ya sostuvo una visita oficial con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Su defensa fue enviado para solicitar una reprogramación de su declaración.
“Me hago presente, creo que no tenemos anda que esconder. Nosotros hemos cumplido con el mandato del pueblo (cruceño), un comité interinstitucional que definió 36 días (de paro) para conseguir un beneficio para los bolivianos, un derecho que era el Censo, algo que nos estaban cercenando de una forma ilegal, irregular. Creo que vengo con la verdad, es lo que voy transmitir, estoy completamente tranquilo”, indicó Calvo a los medios locales antes de ingresar.
El cívico dijo que esta denuncia tiene un “tinte político” y es completamente “ilegal” porque el denunciante es un dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto que no vive en esa región y no sabe la realidad en el que una persona vive. “Vienen otros fiscales de otros departamentos a querer imputar cuando no tienen conocimiento de lo que se vivió en Santa Cruz y lo que fue una decisión del pueblo cruceño”, agregó.
El 11 de noviembre de 2022, el secretario ejecutivo de la COR de El Alto, Marcelo Mayta, presentó una denuncia contra Calvo, Cuéllar y Vargas en la Fiscalía de la ciudad de La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz.
La denuncia es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.
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