La Paz, 26 de septiembre de 2024 (ANF).- Mientras las organizaciones indígenas de la región amazónica del departamento del Beni llegaron a La Paz para denunciar un “sabotaje” a la consolidación autonómica de sus territorios indígenas comunitarios y exigir al Estado respeto; la canciller Celinda Sosa en la Organización de Naciones Unidas (ONU) habló de la necesidad de proteger y apoyar a los pueblos indígenas.
“Venimos con una petición de hace décadas, son tres puntos: respeto al decreto 2211 que tuvo lugar en 1990 con el que consolidaron nuestros territorios; que nos titulen nuestras tierras ancestrales que nos pertenecen, y que las tierras y recortes sean tituladas a favor de nosotros”, señaló el secretario de Tierra y Territorio de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico, Simón Muiba.
Las organizaciones indígenas de la región amazónica del departamento del Beni, como la Subcentral de Cabildos Indigenales Mixta y de Mujeres del Territorio Indígena Multiétnico – TIM 1 y del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano - TIMI, junto a la Subcentral del Pueblo Indígena Movima y de Mujeres Indígenas Movima – SPIM-SMIM, al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, todos pertenecientes a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), así como con la Organización Indígena Cavineña de la Amazonía – OICA perteneciente a la Central Indígena Regional de la Amazonía de Bolivia (CIRABO), firmaron un voto resolutivo denunciando ante Estado Plurinacional de Bolivia un sistemático sabotaje a la consolidación autonómica de sus territorios indígenas comunitarios.
“… Advertimos que este tipo de acciones debilitan al movimiento indígena en su conjunto y causan profundas heridas en nuestra unidad, poniendo en riesgo el avance de nuestras justas demandas territoriales.”, dice en sus consideraciones el voto resolutivo de los territorios indígenas del Beni, el que fue presentado en los ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Asimismo, denunciaron en específico, al diputado Enrique Cunay, quien a través de un consorcio de abogados utiliza a dirigentes “corruptos” para impugnar un territorio que según instancias jurisdiccionales indígenas fue consolidado como Territorio Indígena Multiétnico titulado ya pero impugnado en instancias del Tribunal Agroambiental, a pesar que hoy se constituye en el primer territorio autónomo indígena en tierras bajas de nuestro país con potestad para administrar y gestionar su territorio comunitario.
Muiba sentenció que “sin territorios no hay pueblos indígenas”; en ese contexto las organizaciones indígenas hicieron un llamado “a todo el movimiento indígena de Bolivia a sumarse a esta lucha justa y legítima” exige y demanda a sus organizaciones matrices como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y a su presidente Justo Molina a que, sin condiciones, apoye estas causas históricas: “… Exigimos que tome una postura firme y coherente con los principios del movimiento indígena y no permita que intereses personales o sectoriales interfieran en la defensa de nuestros derechos colectivos.”, señala este documento orgánico.
Mientras estas eran las preocupaciones de los representantes indígenas dirigidas al gobierno central; en Nueva York, en el marco de la sesión de la Organización de Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, hacía un llamado para proteger a los pueblos indígenas.
“Bolivia hace un llamado a la comunidad internacional para proteger y apoyar a los pueblos indígenas, quienes han sido los guardianes de la biodiversidad y el conocimiento ancestral, actualmente enfrentamos vulnerabilidades agravadas por las diferentes crisis”, afirmó la Canciller durante el uso de la palabra en la sede de la ONU.
De acuerdo a una nota de prensa de Cancillería, la ministra destacó que la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas ofrece soluciones sostenibles que pueden ser clave en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Este llamado se alinea con el compromiso boliviano de promover un desarrollo inclusivo y sostenible, abogando por políticas que protejan los derechos y costumbres de los pueblos indígenas, así como el uso de la hoja de coca, que representa la identidad y cultural de un país.
Sin embargo, en Bolivia varias comunidades indígenas particularmente en tierras bajas están sufriendo el avasallamiento de sus territorios, actualmente están siendo gravemente afectados por los incendios que desde hace tres meses no paran. Han pedido al gobierno central la declaratoria de “desastre”, toda vez que los pueblos indígenas son los más vulnerables en este tipo de crisis.
La canciller en su discurso dijo que el llamado a la preservación se hace cada vez más urgente ante las múltiples crisis que amenazan el presente y el futuro de las próximas generaciones, como el cambio climático, las desigualdades y los conflictos geopolíticos. Estas situaciones no solo agravan las vulnerabilidades existentes, sino que también requieren respuestas inmediatas y efectivas.
Entre estas dificultades está el lucro por encima de la vida, bienestar y la Madre Tierra, en ese contexto la Canciller denunció que “la economía global actual está agudizando las desigualdades y el modelo de acumulación de capital, ha incrementado la pobreza, la marginación y la inestabilidad social en muchos lugares del mundo”.
Mientras estas eran las palabras de la autoridad estatal en Estados Unidos ante la comunidad internacional, los indígenas en Bolivia piden al Estado representado por el Gobierno que proteja sus derechos territoriales. En esa línea, advierten categóricamente que, de no ser atendidos en su lucha y resueltas sus demandas históricas, pasarán a movilizarse con acciones directas para ser atendidos como se merecen hasta que se cumplan sus demandas.
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