Periodistas en una anterior cobertura. Foro: APG
La Paz, 2 de abril (ANF). - La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) exigen al Gobierno nacional cesar la campaña de desprestigio que se instauró contra periodistas independientes, que presuntamente se beneficiaron con contratos en el gobierno de transición.
A la vez, rechazaron las acusaciones que se hacen contra los periodistas en base a denuncias que no tiene pruebas ni las declaraciones de los trabajadores acusados por el partido de gobierno.
"En consecuencia, exigimos que se detenga esta campaña de desprestigio con denuncias sin pruebas, cuyo único efecto es la lesión de los valores democráticos y del Estado Constitucional de Derecho. Y reafirmamos que sin libertad de expresión no hay democracia", dice el comunicado.
Los medios gubernamentales y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron que un grupo de periodistas se beneficiaron con "contratos especiales" por sumas considerables de dinero. La campaña de desprestigio, que sólo apunta a afectar la imagen de los trabajadores de intensificó en redes sociales, que en la mayor parte son cuentas simpatizan con el partido azul.
Ambas instituciones coincidieron que la información que fue divulgada por los medios gubernamentales, no cuentan con el respaldo fehaciente. Además, advierten que estos actos son una respuesta a la labor de los periodistas que incomodaron al Gobierno con algunas publicaciones.
Asimismo cuestiona la publicación que hizo la red ATB sobre un contrato de consultoría a la periodista Nancy Vacaflor, el cual no tiene la contraparte de la aludida. Además advirtió que no se respeta la separación entre informar y opinar, que debe ser manejado de forma rigurosa.
Por otra parte, también lamentó que la Agencia Boliviana de Información (ABI) haya afirmado que, tras conocer el "contrato especial" se haya generado un debate sobre el periodismo, el poder y la "compra de conciencia de parte del gobierno golpista".
"Llama poderosamente la atención que estas publicaciones, dada la dimensión de las denuncias de “compra de conciencias” y de presuntos pagos de favores, no tengan una necesaria contraparte y que no respeten la separación entre información y opinión, que debe ser rigurosa. Los gremios periodísticos están enterados de que, en respuesta a estas publicaciones, la periodista Nancy Vacaflor ha aclarado que cuando firmó el mencionado contrato estaba desempleada y no tenía vínculo laboral alguno con ningún medio informativo, por lo cual nada impedía que prestara legalmente sus servicios. No se puede someter a tal estigmatización a esta colega", dice el pronunciamiento.
Asimismo, la ANPB y la APLP lamentan y rechazan que en este ambiente político caracterizado por una creciente polarización se arremeta contra estos periodistas. Esta actitud, secundada por un verdadero ejército de “guerreros digitales” en las redes sociales, vulnera, a nuestro juicio, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Imprenta y en los instrumentos de autorregulación del gremio. La jurisprudencia interamericana en materia del derecho a la libertad de expresión es clara al señalar que las autoridades, al situarse en el centro del debate democrático, deben demostrar una mayor tolerancia a la crítica porque están sometidas al escrutinio público.
/EUA/
