La Paz, 14 de mayo de 2024 (ANF).- El activista y representante de los afectados de Senkata, David Inca, señaló que el proyecto de Ley general para la reparación integral de víctimas de violencia de graves violaciones a los derechos humanos y el proyecto de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, tienen en común el resarcimiento a las víctimas, y “no puede haber dos leyes que hablen de lo mismo y en diferentes formas por el principio de congruencia”.
Indicó que esa es una de las primeras observaciones al proyecto de Ley contra la Tortura, además de establecer quién debe decidir sobre la reparación.
“Yendo al tema de tortura, ellos plantean en el proyecto de Ley que tiene que haber una reparación a las víctimas y que es un juez o un tribunal el que va a disponer los tipos de reparación integral, es decir, el concepto que manejan es más penalista y civilista y no han tomado en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el activista.
Inca refirió que la CorteIDH señala sobre la reparación, que si bien lo puede hacer un tribunal, en primera instancia lo tendría que hacer el Estado bajo el principio de que “el Estado, independientemente del gobierno, se ha comprometido ante instancias internacionales a restablecer, restituir, aplicar medidas de no repetición, realizar la satisfacción y la compensación o indemnización a las víctimas”, y esas medidas no necesariamente tienen que tener una resolución jurídica.
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