La Paz, 31 de enero de 2025 (ANF).- El abogado Jorge Valda denunció el uso indebido de informes de inteligencia por parte del Gobierno en procesos judiciales de carácter político. Según sus declaraciones, estos documentos carecen de validez legal y están siendo utilizados para suplir la falta de pruebas concretas en los casos que involucran a opositores.
“Resulta un sinsentido y un despropósito el permitir la legalidad de estos informes de inteligencia que están elaborados precisamente ante la falta total de prueba”, afirmó Valda a ANF. De acuerdo con el jurista, este mecanismo vulnera el debido proceso y compromete la independencia del sistema judicial.
Valda explicó que estos informes no forman parte de la investigación penal y no pueden ser considerados como elementos probatorios. “No tienen ninguna validez los informes de inteligencia porque no forman parte de la investigación, forman parte de una cartera de Estado, forman parte de una comunicación interna administrativa, como es la Dirección Nacional de Inteligencia, esto no podría servir de base para un sistema judicial que se supone debería actuar de forma independiente”, detalló.
El abogado destacó que en un proceso penal sólo los informes elaborados por investigadores asignados al caso tienen validez legal. Criticó que el Gobierno pretenda dar la misma jerarquía a documentos que carecen de sustento probatorio.
“Los informes policiales de los investigadores asignados al caso son los que tienen validez en un proceso penal, no los informes de inteligencia”, recalcó.
Además, subrayó que los informes de inteligencia son meros reportes internos elaborados por funcionarios contratados por el Ministerio de Gobierno, no por la Policía Boliviana. “Estos informes son realizados por funcionarios que informan sobre situaciones que podrían generar riesgo para la seguridad interna del Estado, pero de ninguna manera se constituyen en elementos investigativos”, sostuvo Valda.
En este contexto, el abogado cuestionó la legalidad de utilizar estos documentos como prueba en procesos judiciales.
“No se puede utilizar los informes de inteligencia como elementos de prueba, ¿por qué? Porque al final resulta que el informe elaborado por el Ministerio de Gobierno, a querella del Ministerio de Gobierno, siendo la parte acusadora el Ministerio de Gobierno, ellos tendrían la posibilidad de ser querellantes y de ser los productores y los labradores de los elementos probatorios”, indicó.
Para Valda, esta práctica representa una vulneración al debido proceso, pues significa que la misma parte acusadora genera la supuesta evidencia de los delitos. “Es como que yo acuse basándome en los propios documentos que yo mismo he elaborado, eso no tiene ningún sentido, eso no permite la ley; sin embargo, hacen ver que son informes policiales elaborados en función a hechos”, señaló.
En ese sentido, dijo que si realmente hubiera existido un hecho en concreto por el cual tendría que ser investigado Mauricio Bruzzone o Raúl Uría o cualquier otro de los procesos políticos perseguidos por el Ministerio de Gobierno, “la Policía, al momento de verificar un hecho delictivo, tiene que actuar de inmediato en ese momento por acción directa”, sostuvo.
Valda criticó que, en lugar de intervenir de inmediato, se elaboren informes detallados y los presenten posteriormente como pruebas. “No tiene sentido redactar toda una historia y después presentar eso como que, en tal fecha, tal día, tal hora se cometió tal delito. Entonces, ¿por qué no intervinieron en ese momento si estaban viendo que se estaba cometiendo un delito?”, cuestionó.
El abogado concluyó que el uso de estos informes en procesos judiciales no sólo vulnera la legalidad, sino que también refuerza la persecución política en el país. Según Valda, esta situación genera una preocupante distorsión del sistema judicial y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
/ANF/
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