La Paz, 17 de enero de 2024 (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de La Paz se suman a las voces que rechazan a los magistrados autoprorrogados, porque esa decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional viola el art. 183 de la Constitución Política del Estado y va en contra de los estándares internacionales respecto a que los cargos electos no puede tener una duración indefinida.
“Denunciamos ante la opinión pública que la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), constituye una violación del art. 183 de la Constitución Política del Estado que establece como periodo de duración de su mandato de seis años improrrogables”, dice el pronunciamiento.
Analistas políticos, expertos en derecho y organizaciones sociales y políticos de las fuerzas opositoras al Gobierno calificaron la Declaración constitucional de “ilegal” porque se excedió en sus pronunciamientos, incluso por encima de la Constitución, que establece que el mandato de los magistrados es de seis años.
Asimismo, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que esa decisión del TCP es contraria a los estándares internacionales “aplicable a estos casos como la opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a que los cargos electos no pueden tener una duración indefinida”.
Mencionan que también va en contra de la Carta Interamericana en la que señala que ejercer una función pública al margen de lo que establece la CPE en cuanto al tiempo de duración y la forma de elección, “es una alteración al estado de derecho”.
Además, de atentar contra la democracia y los derechos humanos. “No podemos quedar indiferentes ante la desinstitucionalización del país en general y del sistema judicial en particular, por lo que hacemos un llamado a la población en general, los defensores de derechos, organizaciones e instituciones a una lucha conjunta por la recuperación de la democracia y sus instituciones.
La APDH de Bolivia y de La Paz señalan que en momentos de “extrema crisis institucional” no se debería caer en la polarización cuyo único resultado es la dispersión y división, generando las condiciones para la “profundización del autoritarismo”.
“El engendro forjado a partir de la cooptación y funcionalización de la justicia para ponerla al servicio de los gobernantes de turno, como instrumento de persecución política terminará por devorarse no solamente los derechos y libertades fundamentales en la población en general (…) Convocamos a que los legisladores, a partir de una actitud autocrítica, asuman su obligación y en el menor tiempo posible garantizan la realización de elecciones judiciales”.
Las asambleas también protestaron porque hace casi ocho meses que siguen en la calle, sin que hasta la fecha les devuelvan la sede de la APDHB, que sigue cerrada y resguardada por efectivos policiales.
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