La Paz, 11 de enero de 2024 (ANF).- El Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) 2024 resalta que en la legislación boliviana no existe la prórroga de mandato para suplir la ausencia de los altos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como finalmente sucedió a falta de unas elecciones judiciales.
El 12 de diciembre, los magistrados del TCP decidieron "autoprorrogarse" en sus cargos, a través de la declaración constitucional 044/2023, hasta que nuevas autoridades sean electas en unas elecciones judiciales; la determinación también benefició a los altos cargos del Órgano Judicial.
El documento de la organización internacional destaca la instrumentalización histórica de la justicia por los gobiernos de turno, incluso durante el interinato de Jeanine Añez. Pese a las promesas de los presidentes para reformar el sistema judicial, ese objetivo no se cumplió y ahora muchas exautoridades son víctimas de una persecución judicial.
“Los bolivianos tenían previsto votar en 2023 para elegir, a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los jueces de los tribunales superiores y a los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y destituir jueces. En el pasado, el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno. Las elecciones se retrasaron porque, por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos. El mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024; la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones no se celebren oportunamente”, dice el informe mundial de HRW.
En la actualidad, las protestas contra las autoridades judiciales que decidieron prorrogarse en sus mandatos continúan en Sucre. La crítica y repudio social obligó a dos magistrados, uno del TCP y otro del Tribunal Supremo de Justicia, a que renuncien a sus cargos.
Entre tanto, desde el Legislativo se busca enjuiciar a todas las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP por usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y beneficios en favor del cargo.
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