La Paz, 30 de abril de 2024 (ANF).- El expresidente del Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, manifestó que la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando no tenía competencia para frenar la preselección judicial, por lo que el proceso debe continuar.
“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la “sala” y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección”, opinó Rodríguez Veltzé.
Este martes, esa sala resolvió la procedencia de la acción popular y anuló el proceso de preselección de candidatos y dispuso que se realice una nueva convocatoria; el recurso fue presentado la presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, Yeny Dury Bautista, exdiputada suplente del Movimiento al Socialismo (MAS),
En su petitorio demandó que se dicte una nueva convocatoria que tenga reglas especiales para las mujeres indígenas de ese departamento, en el proceso de evaluación de méritos.
“La solicitud expone que la calificación de méritos respecto al Departamento de Pando, llevada a cabo en igualdad de condiciones tanto de los candidatos que no pertenecen a este grupo vulnerable, como con relación a las mujeres que pertenecen a las comunidades indígena originaria campesinas, lesionaría el derecho a la igualdad y en especial al principio de discriminación positiva, al que tiene obligación de cumplir el Estado Boliviano y por lo mismo, no podría concebirse un Estado Constitucional de Derecho, que aplique una misma metodología y exija los mismos requisitos para quienes tuvieron la posibilidad material de acceder a una educación formal; lo que provocaría la absoluta ausencia de candidatas y candidatos pertenecientes a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y el incumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria que demanda la necesaria e igualitaria participación de miembros de las comunidades indígena originario campesinas, así como de mujeres, en el marco del principio democrático y representativo que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la acción.
Los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, consideraron que existe una vulneración de los derechos a la igualdad de las mujeres de los pueblos indígenas para participar en ese proceso de preselección que lleva a cabo la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En su resolución dispusieron que se realice una nueva convocatoria para la preselección de candidatos de las elecciones judiciales, pero basada en la realidad de ese departamento y que se establezcan medidas más flexibles que permitan que las mujeres indígenas participen en ese proceso.
El proceso ya estaba paralizado por la acción de un amparo constitucional que había previsto medidas cautelares. Una candidata señaló que también se lesionaron sus derechos luego que fue inhabilitada de manera irregular.
De acuerdo al cronograma de preselección, a estas alturas la Asamblea Legislativa Plurinacional debería estar sesionando para seleccionar a los candidatos y hasta el 6 de mayo debía remitir la lista final al Tribunal Supremo Electoral.
La acción debe ir en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, sin embargo, el proceso queda “anulado”.
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