La Paz, 19 de enero del 2024 (ANF). – A casi 10 meses desde el lanzamiento de la primera convocatoria y reglamentación, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logró superar la etapa de preselección de candidatos, por notable protagonismo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para llevar adelante las elecciones judiciales mediante el voto popular.
De acuerdo al análisis de la oposición política, se observó la poca voluntad del oficialismo que responde a la línea del Gobierno, a pesar de la presión que ejerció la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) con una huelga de hambre y las propuestas legislativas de la oposición.
Durante todo ese tiempo, se evidenció que uno de los factores que frenaron el proceso de preselección fueron los recursos presentados ante el TCP que tardó en responder hasta más de 90 días, tiempo límite permitido.
Cronología de hechos
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa lanzó la primera convocatoria para la recepción de documentos de los candidatos a la preselección. El proceso inicial apenas duró 14 días, debido a que el 13 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar Ruiz presentó una Acción de Amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni denunciando que la convocatoria contenía un aspecto inconstitucional. La demanda fue admitida en tiempo récord.
El 20 de abril, el Parlamento lanzó la segunda convocatoria y reglamentación para la preselección de candidatos mediante la resolución 007/2023; sin embargo, el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala presentó otra Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que fue admitida el 27 de abril. Por segunda vez, el proceso de preselección de postulantes se frenó.
El 1 de junio, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de “Ley 1513 Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos” con el objetivo de establecer nuevos parámetros para el proceso de preselección. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional analizaba el recurso presentado por el diputado de Creemos.
Hasta ese momento, el clima subió de tensión y los parlamentarios sugirieron varias salidas, pero ninguna prosperó porque la facción “arcista” argumentó que se debe esperar la respuesta del TCP.
Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un plazo fatal al parlamento hasta el 4 de septiembre para que remita las listas finales de los candidatos preseleccionados con el fin de que las judiciales se ejecuten el 3 de diciembre del 2023. Sin embargo, no se cumplió el ultimátum.
Tras más de 90 días, el 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023 declarando inconstitucional el segundo reglamento para la preselección. Ordenó realizar una nueva convocatoria mediante ley aprobada por dos tercios de votos de los asambleístas. El hecho obstaculizó más el proceso porque, entre el oficialismo y la oposición, no lograron ponerse de acuerdo.
En busca de una salida a la situación, la Cámara de Senadores sancionó, el 31 de agosto, el proyecto de “Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” que fue remitida a la Cámara Baja; empero, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, lo envió en consulta al Órgano Ejecutivo y al Tribunal Supremo de Justicia (TSE) solicitando una opinión. Con esa acción nuevamente se frenó las judiciales.
Mientras tanto, los denominados radicales del MAS emprendieron una huelga de hambre en el parlamento exigiendo elecciones judiciales, pero no lograron casi nada con la medida de presión.
Tras recibir el documento desde el despacho de Jáuregui, el TSJ remitió al TCP el proyecto de Ley 144 para una consulta de constitucionalidad el 20 de septiembre. Unos días después, el 28 de septiembre, la Comisión de Admisión emitió el Auto Constitucional 0437/2023-CA con el que paralizó nuevamente la preselección de candidatos.
Luego, el 8 de noviembre, el TSJ solicitó ampliar el objeto de la consulta para saber si los magistrados pueden prolongar su mandato más allá de los seis años porque todavía no se eligió a nuevas autoridades judiciales.
Finalmente, a poco de concluir el 2023, el 11 de diciembre el TCP emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 con el que los magistrados se “autoprorrogaron” en su mandato, por encima de la Constitución Política del Estado, más allá de los seis años.
Pasaron 19 días del 2024 y aún no existen luces para la lanzar una nueva convocatoria para la preselección judicial; por el contrario, la Comisión de Constitución no logró resolver las observaciones de inconstitucionalidad del proyecto de Ley 144. Al contrario, la facción “arcista” del oficialismo presentó una nueva iniciativa legislativa.
De acuerdo a los evistas y la oposición, el Órgano Ejecutivo utiliza al ministro de Justicia, Iván Lima, y al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, para evitar a toda consta las elecciones judiciales. Advirtieron cálculos políticos y electorales con miras al 2025.
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