La Paz, 5 de febrero de 2024 (ANF).- Omar Michel Durán, consejero de la Magistratura, renunció esta jornada irrevocablemente a su cargo, que asumió el 3 de enero de 2018 y debía terminar el 30 de diciembre; en su carta, el letrado resalta que el país necesita reencontrarse con su esencia democrática para que prevalezca el diálogo y la concertación.
“El país necesita reencontrarse con su esencia democrática, donde prevalezca el diálogo y la concertación, privilegiando siempre los bienes jurídicos superiores, el bienestar social, político y económico de los hermanos bolivianos, avanzando en la consolidación de la institucionalidad judicial y el estado de derecho. Por ello, he tomado la decisión irrevocable de renunciar al cargo de Consejero de la Magistratura, a partir de la fecha, agradeciendo a Dios, a la vida y al pueblo boliviano por la confianza y su constante apoyo en el cumplimiento de nuestras facultades y atribuciones constitucionales”, dice parte de la misiva donde el consejero presenta su renuncia.
La dimisión de Durán llega en un contexto donde esta tarde se prevé que se aprobará el proyecto de ley 144 para viabilizar las elecciones judiciales; sin embargo, también existe la intención de la mayoría legislativa para que las actuales autoridades judiciales dejen sus cargos.
Tras la renuncia de Durán, el Consejo de la Magistratura se quedará sólo con dos consejeros. Ya son cinco las renuncias de altas autoridades del Órgano Judicial. Se conoció las renuncias de Elva Terceros y Ángela Sánchez, ambas del Tribunal Agroambiental; Carlos Alberto Calderón también renunció al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el magistrado Esteban Miranda dejó su cargo en el Tribunal Supremo de Justicia.
El 12 de diciembre, los magistrados del TCP comunicaron que decidieron autoprorrogarse en sus cargos hasta que existan nuevas autoridades electas en unas elecciones judiciales. La determinación también benefició a las otras autoridades del Órgano Judicial. La medida desató una ola de críticas, seguido de anuncios de procesos penales y juicios de responsabilidades contra esas autoridades que deberían abandonar sus cargos el 31 de diciembre.
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