La Paz, 2 de enero de 2024 (ANF).- Ante la ruptura del orden constitucional promovida por el Tribunal Constitucional, Comunidad Ciudadana exigió este martes a la Fiscalía General del Estado que identifique a los exmagistrados y exconsejeros que continúan ejerciendo sus funciones “de facto” y promueva acciones penales por “usurpación de funciones”.
“Debería conformar una Comisión de Fiscales que garanticen independencia e imparcialidad con relación al gobierno nacional y a los magistrados y consejeros salientes, para que identifiquen, a partir del 3 de enero del 2024, qué Ex Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, TA y CM continúan "de facto ejerciendo funciones, y promuevan de oficio, el inicio de la acción penal pública por el delito de Usurpación de Funciones”, dice la nota presentada por CC al fiscal Juan Lanchipa en Sucre.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura continúan ejerciendo sus cargos, pese a la ola de críticas que existen en torno a su prórroga, toda vez que la Constitución Política del Estado prevé seis años de mandato, pero que el TCP resolvió la ampliación de su mandato hasta que se realicen las elecciones.
“Tiene la obligación en el marco de sus competencias (…) de iniciar acciones legales mañana (3 de enero). Por eso CC está aquí en la ciudad de Sucre para exigirle al Fiscal General del Estado”, sostuvo el jefe de bancada de esa agrupación política, Enrique Urquidi.
CC puso en conocimiento de la Fiscalía General que en el país se ha producido una “ruptura del orden constitucional, del Estado de derecho y de las bases de la democracia, como consecuencia de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que dispuso la “autoprórroga” de las máximas autoridades judiciales y constitucionales.
“Independientemente de esta situación, ningún Magistrado ni Consejero, titular o suplente, que cesa en su mandato por cumplimiento del plazo constitucional de funciones, debe ejercerla después del 2 de enero del 2024, porque cometería el delito de usurpación de funciones”, señalan los legisladores que dejaron la nota escrita en la FGE.
Dicho delito está tipificado en el artículo 163 del Código Penal, que en su modalidad agravada establece una pena de privación de libertad de cuatro a ocho años.
Argumentan que hay elementos para establecer que estas autoridades que ampliaron su mandato están incurriendo en la comisión de delitos, por ejercer sus funciones sin haber cumplido los requisitos exigidos por la Constitución.
Además, ejercer la función jurisdiccional después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo público. De acuerdo a su fecha de posesión, este 2 de enero de 2024 es el último día de ejercicio de sus funciones.
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