La Paz, 31 de marzo de 2025 (ANF).- La Fundación Solón, en su estudio titulado “La ruta del oro boliviano: Del yacimiento al mundo”, resaltó la necesidad de ampliar y garantizar el acceso público a la información sobre la minería aurífera en Bolivia. La institución subraya que las entidades encargadas de la fiscalización y control de esta actividad, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), deben transparentar sus datos y mejorar sus mecanismos de rendición de cuentas.
El estudio enfatiza que la minería aurífera no es una actividad que pueda ser eliminada o impedida de manera inmediata, por lo que la discusión debe centrarse en conocer a los actores mineros, la cantidad real de mineral explotado y, sobre todo, el destino de los ingentes excedentes generados por esta actividad. Refiere que la falta de información detallada impide una fiscalización efectiva y deja interrogantes sobre los beneficios económicos para el país.
Uno de los puntos críticos señalados en la investigación es la necesidad de que el Senarecom facilite el acceso a datos clave, como las exportaciones de oro realizadas a través de las aduanas del departamento de La Paz entre 2020 y 2024. Entre los detalles que deberían publicarse figuran la fecha, lote, razón social del comprador, exportador, tipo y ley del mineral, volumen total, valor, regalía minera y país de exportación.
Asimismo, el estudio insta a la publicación de información sobre el pago de regalías mineras provenientes de la extracción de oro en La Paz, además de informes sobre las acciones de fiscalización y sanción llevadas a cabo por el Senarecom en relación con la comercialización de minerales. Se sugiere también verificar la procedencia del mineral, su peso, contenido metálico y cotización oficial, a fin de asegurar el pago correcto de regalías y otras retenciones.
En el ámbito gubernamental, la Fundación Solón destaca la necesidad de que tanto el gobierno central como la Gobernación de La Paz permitan el acceso público a los datos sobre ingresos fiscales provenientes del pago de regalías mineras. Además, se pide la publicación de información sobre la distribución de estos ingresos durante los últimos cinco años, con el fin de evaluar su impacto en la economía nacional y local.
El estudio también recomienda ampliar las investigaciones judiciales contra socios y gerentes de comercializadoras de oro con el apoyo de expertos jurídicos. Además, se sugiere realizar auditorías detalladas de los estados financieros de estas empresas con especialistas en contabilidad. En este sentido, se señala que algunas de las compañías que han exportado mayores volúmenes de oro en los últimos años son ROADGOLD, Bolivia Valuable Metals SRL y Dorimet SRL, por lo que se insta a una revisión exhaustiva de sus operaciones.
Los análisis sobre el comercio exterior en Bolivia suelen centrarse en datos macroeconómicos proporcionados por entidades como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía y Finanzas; no obstante, la Fundación Solón advierte que estos indicadores ofrecen una visión limitada y sesgada de la realidad económica del país.
El informe recalca que la economía boliviana es predominantemente exportadora, lo que la hace altamente dependiente de la venta de materias primas. Al mismo tiempo, el país importa la mayoría de los bienes de consumo y producción que no fabrica internamente. Esta dependencia estructural contribuye al creciente déficit fiscal, la crisis de divisas y el deterioro generalizado de las condiciones económicas y financieras.
A partir de estos hallazgos, la Fundación Solón plantea una interrogante más amplia: ¿quiénes son los actores económicos que más se benefician de este sistema basado en la exportación? La respuesta a esta pregunta, según el estudio, es difícil de obtener debido a la falta de transparencia en los sectores clave de la economía.
La organización concluye que garantizar el acceso a la información es fundamental no solo para comprender el impacto de la minería aurífera, sino también para diseñar políticas públicas que favorezcan un desarrollo más equitativo y sostenible en Bolivia.
/ANF/
Articulo sin comentarios
