La Paz, 28 Mar (ANF).- El Estado boliviano pierde millones de dólares por la toma ilegal de la mina Puerta del Sol desde el 2007, porque el grupo de personas que realiza la explotación ilegal de dicha área minera no paga regalías ni impuestos al fisco, dijo el gerente general de dicha compañía, Pablo Alberto Schwarz.
“La mina hubiera generado miles de empleos y cientos de millones de dólares para el Estado por impuestos y regalías, sino hubiera habido la toma ilegal, la suma de todos los operadores de Sorata, Peñas, Huayna Potosí hasta el Illimani son más grandes que San Cristóbal, en consecuencia las regalías serían una riqueza enorme que pueden beneficiar al Gobierno con más recursos para realizar obras”, argumentó.
Pablo Schwarz indicó que la retoma de la mina que se encuentra en la provincia Los Andes en La Paz podría generar una imagen positiva para el gobierno. Con documentos en la mano el empresario volvió a señalar que la toma ilegal de dicho centro minero que es rico en estaño, bismuto y oro es liderado por el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Tito Adelio Altamirano.
Las autoridades del gobierno y del Ministerio Público deben aplicar la Ley 367 para realizar la retoma y procesar a los responsables del avasallamiento de la mina Puerta del Sol, insistió Schwarz.
El presidente de Federación Regional de Cooperativistas Auríferas (Ferreco) de La Paz, Edmundo Polo, afirmó este lunes que la ley contra la toma ilegal de centros mineros es un “saludo a la bandera”, toda vez que continúan registrándose esta ilegalidad en las áreas de trabajo, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones privadas.
El dirigente de Ferreco puso en duda la aplicación de la norma legal, al señalar que tanto los pueblos indígenas, como los cooperativistas mineros son aliados del gobierno.
El presidente Evo Morales promulgó la Ley 367 el año anterior que incorpora el delito de avasallamiento dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen minerales sin autorización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
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