La Paz, 12 de julio de 2024 (ANF).- Los avasalladores en Santa Cruz ocuparon a la fuerza y con violencia las tierras que están en proceso de saneamiento por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, no así las 771 hectáreas consolidadas de privados, esclareció Fundación TIERRA.
Fundación TIERRA precisó que se trata de la “Hacienda Santa Rita”, “Santa Rita C” y “Hacienda Laguna”. Cada una tiene una superficie de 4.150 hectáreas, 1.100 hectáreas y 471 hectáreas, respectivamente. Los tres predios un total de 5.721 hectáreas
Alrededor del 70% es superficie cultivada. Son parcelas habilitadas para la agricultura mecanizada, principalmente de cultivos de soya, sorgo y maíz. Se podría estimar que el valor de mercado de las tierras cultivadas supera, fácilmente, los 15 millones de dólares.
Los empresarios brasileños “son dueños de 771 hectáreas (13,5%), pero no del resto que suma 4.950 hectáreas (86,5%). Estas últimas no son propiedad privada de los reconocidos por ley, ni de otros supuestos propietarios”, precisa.
TIERRA explica que “técnica y jurídicamente esas tierras están bajo la intervención y tutela del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debido a que el proceso de saneamiento de tierras no concluyó en el lugar, a pesar de que ya lleva más de 15 años de ejecución”.
Añadió que esas tierras fueron demandadas en el trámite agrario, pero que los empresarios no lograron demostrar plenamente el origen lícito de la posesión de los predios, el cumplimiento de la función económica social (FES) y otras condiciones establecidas en la CPE y la ley de tierras.
La institución experta en temas agrarios precisó que la versión que difundieron los abogados de las tres haciendas y los gremios agropecuarios, “en el sentido de que los avasalladores tomaron propiedades privadas es incorrecta, interesada y se presta a crear confusión entre la opinión pública”.
Argumenta que los empresarios tienen expectativas sobre esos predios porque impugnaron los trabajos técnicos y jurídicos ante el Tribunal Agroambiental, por lo tanto, están a la espera de que esa entidad emita fallos favorables.
Las mejoras que hubieran realizado en esas tierras en conflicto, efectivamente son de su propiedad, pero eso no les otorga derecho propietario sobre la tierra, al contrario, ese hecho puede ser utilizado como evidencia y pruebas de haber desmontado ilegalmente bosque e intervenido tierras que no son de su propiedad.
La organización precisó que los avasalladores comenten delitos, además “no tienen derechos para ocupar las tierras a la fuerza o para pedir al INRA la dotación de las mismas en calidad de tierras fiscales. Los avasalladores son reincidentes y cometieron varios delitos, además del delito de avasallamiento sancionado por la Ley 477 hasta con ocho (8) años de privación de libertad”, dice.
Posición empresarial
Mientras que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación por los avasallamientos violentos que se reactivaron en zonas de producción agrícola de Santa Cruz; que se han vuelto recurrentes en diversas regiones del país, y que afectan las actividades productivas.
“Demandamos al gobierno nacional que tome medidas rápidas, contundentes y definitivas en contra de los autores materiales e intelectuales de estos delitos, sancionando y previniendo estas acciones criminales”, dice un comunicado de esa entidad.
La alarma se produce después de los reportes de avasallamiento en tres predios en El Puente, municipio de la provincia Guarayos, por un grupo de 200 a 250 personas que atacaron -según los informes- con violencia a 50 trabajadores.
Los avasallamientos de tierras agrícolas generan una serie de delitos que afectan la propiedad privada, la provisión de alimentos, las fuentes laborales, y la vida e integridad de empresarios y trabajadores; y constituyen uno de los peores atentados a la seguridad jurídica.
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