La Paz, 29 de noviembre de 2023 (ANF).- El procurador general del Estado, César Siles, convocó a una conferencia de prensa para celebrar el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) a favor del país dentro de la denuncia interpuesta por la expropiación de acciones de la fábrica de cemento Fancesa en favor de la Gobernación de Chuquisaca.
El caso CPA No. 2020-47 tenía como demandantes al Consorcio Cementero del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia S.A., Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. y Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) contra el Estado Plurinacional de Bolivia.
Los empresarios reclamaron la expropiación, a través del Decreto Supremo N° 0616, del 33.34% de las acciones de la fábrica de cemento Fancesa en favor de la gobernación de Chuquisaca, la demora en el pago por dicha expropiación y las acciones judiciales iniciadas por la demandada.
La demanda pedía una compensación económica, más intereses, por un total de $us 183.2 millones, desde la emisión del mencionado Decreto Supremo No. 0616 hasta la fecha de la demanda. Además, exigía montos percibidos por la Gobernación de Chuquisaca como dividendos del 33.34% de las acciones expropiadas, más intereses, por un monto de $us 86.2 millones. Haciendo un total en ambas reclamaciones de $us 269.4 millones.
“Existe la posibilidad de la otra parte, incluso del propio Estado boliviano, para presentar algunas alegaciones de corrección de laudo. Incluso algún recurso; sin embargo, este laudo tiene carácter definitivo y la victoria del fallo favorable al Estado boliviano que estamos anunciando”, dijo Siles.
Soboce emitió un comunicado para ratificar que se afectaron sus derechos privados y el reclamo que hacen es justo porque la expropiación de acciones de Fancesa el año 2010 tiene fundamento en el Decreto Supremo 0616.
“Soboce, junto a sus accionistas del Grupo Gloria del Perú, continuará acudiendo a los canales judiciales y/o arbitrales (nacionales o internacionales) para el reconocimiento de sus derechos. Creemos en la justicia y en el derecho legítimo que nos asiste, puesto que la Constitución Boliviana garantiza el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. La confiscación de bienes, activos y derechos está prohibida por la propia Constitución”, indica parte del comunicado.
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