Una cosa es lo que cabe en la letra de la Constitución y su fornicación incestuosa que se ríe de todos los valores constitucionales y, otra cosa muy distinta es el espíritu de la Constitución que siempre es un acto de resistencia contra la tiranía y contra los intentos de reducirla a dispositivo del poder total. Hay cosas que descubrir en este sistema de elecciones judiciales y su defectuosa elección de magistrados, una es el vicioso cálculo de los tiempos políticos en los que se hunde el Órgano Judicial y el TCP por encima de su función de garantizar el Estado de Derecho Constitucional, otra es el estéril e hipócrita juego de la clase política de mejorar la justicia que siempre la empeora, desintegra la infraestructura constitucional y destruye lo que una vez Jacques Derrida llamo “la abigarrada belleza de la democracia”.
Ese hundimiento, esa podredumbre del sistema judicial boliviano, radica en la estúpida mecánica de las sentencias constitucionales arbitrarias que crean un supra poder en manos de una casta jurídico-política autoritaria y arrogante. La serie de sentencias constitucionales políticas, no jurídicas son todas ellas, la expresión de un crimen imperfecto, revisitémoslas una vez más: la Sentencia Constitucional SC0084/2017 que avala la reelección indefinida, la SC0032/2019 la cual permite a autoridades electas mantener sus cargos mientras son candidatos, la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que resuelve la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, el Auto Constitucional Plurinacional 0083/2024-ECA que dispone el ejercicio del mandato, únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato, prohibiendo al Presidente (a) del Estado de ingresar al mismo cargo, la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 que declara desierta la convocatoria para magistrados del TCP y del TSJ en cinco departamentos.
En resumen, las actuaciones del TCP son una pérdida de sentido, un desvió incontrolable del control de constitucionalidad que niega la jerarquía crucial y cae en lo anecdótico; una pérdida de tiempo la lectura de decenas de páginas leguleyas e insensatas que hacen cortocircuito en el orden constitucional y dejan sus huellas imborrables de un crimen maquillado contra el desfalleciente Estado de derecho constitucional y democrático. Siguiendo las reflexiones de Jean Baudrillard, ya no se trata de lo legal o de lo ilegal o, del mal enfrentando al bien, sino de una escalada o espiral de leyes y fallos de lo peor a lo peor.
¿Hasta que punto se ha degradado la Constitución y el Estado de Derecho?, hasta el punto de convertirla en una realidad jurídica vacía, pura simulación y simulacros de las altas magistraturas corrompidas y fuera de la ley. Si Baudrillard dice del hipercapitalismo “El capital no es ya, sin duda, más que simulación”, la Constitución tampoco llega a ser otra cosa que el orden basado en la simulación que hace que desaparezca la justicia y a la vez instaure el desorden que esconde la dudosa imparcialidad de la magistratura. No hay crimen perfecto ¿Acaso no tenemos el derecho de nombrar a este dispositivo defectuoso del tribunalismo de crimen imperfecto? ¿No son los fallos constitucionales sospechosos de enmascarar falsificaciones de una autocracia acorazada por un oligarquismo de camarillas?.
Forzar la Constitución, usar atajos para violarla, tejer complicidades entre el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el TCP y el TSE para violentar el orden constitucional y el sistema democrático, evidencia que el Estado Plurinacional se encuentra en una deriva autoritaria. De facto, desde el comienzo del año 2024 la Constitución está suspendida, en receso, toda vez que se suspendieron las elecciones judiciales y se prorrogo de manera inconstitucional el mandato de las altas magistraturas del Órgano Judicial y del TCP, con el plan expreso de liquidar al enemigo principal del gobierno; los llamados arcistas recurrieron a la destrucción clandestina de su némesis los evistas, utilizando para este fin el razonamiento político de las altas magistraturas cuya consecuencia nefasta es la instauración de un desgobierno de los jueces. El receso indefinido en el que se encuentra el Estado de Derecho Constitucional es una fórmula política inédita que abre un periodo de descontrol, secretismo, arbitrio, corrupción e impunidad.
Esta cerca una nueva elección judicial parcial llena de incertidumbre, también al margen de la Constitución. La designación de altas magistraturas por medio de una farsa electoral está lejos de movilizar al electorado mediante una suave seducción; la quintaesencia del sistema de elecciones judiciales se reduce a una bruta imposición, peor aún, en medio de la fractura política al interior del MAS, los arcistas han optado por consumar un crimen imperfecto para perpetrar el fratricidio contra sus hermanos evistas. En este contexto de irracional lucha por el poder al interior del MAS, la presunción colectiva interpela a la clase gobernante por su torpe modo de torcer la Constitución y las leyes; la paradoja es que a través de la violación de del orden constitucional en el caso de los llamados arcistas en el poder y de los otros, los evistas fuera del poder, pero por encima de la ley, van haciendo sus identidades políticas a los fines de ganar la próxima elección nacional. Al final del ciclo todos se parecen porque construyen su identidad burlándose de la democracia, de la Constitución y de las leyes y, recurriendo al brutalismo y la venganza.
Es un crimen imperfecto querer gobernar desintegrando la infraestructura constitucional, porque el gobierno no puede ocultar el desgobierno judicial que ha instaurado, con sus discriminaciones de castas, de clase y grupusculares, comenzando por la preselección de candidatos y candidatas sobre quienes pesa la sospecha de falta de transparencia y autenticidad, continuando con la pretensión de “elegir” en las urnas de manera fraudulenta a quienes ya han preseleccionado. El proceso electoral conducido por el TSE es parte de este juego enmascarador que subordina la justicia a los intereses de poderes corruptos. Por último, este crimen imperfecto recrudece la discriminación, la segregación y la injusticia y reaviva la impunidad, todas ellas amigas de las tiranías y de los poderes corruptos, no de las democracias ni de los poderes independientes.
El defectuoso sistema de elección judicial no sustituye las viejas relaciones de injusticia basadas en la clase social, la raza o la religión, al contrario, hemos visto en los hechos con dos elecciones de magistrados que han provocado el recrudecimiento de la segregación, la injusticia y la corrupción judicial. El conducir, el obligar desde el gobierno a ir a una elección judicial que es en realidad una imposición con una oferta de candidatos con dudosos antecedentes, opera como una coartada gubernamental que naturaliza fallos a favor de los poderosos y oculta todo un sistema de corrupción patológico cuyos candidatos oficialistas garantizan impunidad con un poder regalado que sella el vínculo entre el dador del regalo de la investidura judicial a personas sin probidad.
La crítica a la elección judicial no tiene otro objetivo que descubrir la verdad profunda que oculta, cual es, el de una nueva relación de dominación por medio del desgobierno de los jueces y de la instauración de una juridictadura. Diríamos, siguiendo de nuevo a Baudrillard, que en términos de estrategia de poder y de comunicación política, el actual gobierno no ha hecho más que jugar con simulaciones de una farsa electoral-judicial de puro simulacros donde el hiperrealismo que vende, no madura como seductoras apariencias sino que caen en el burdo crimen imperfecto con sicarios judiciales dispuestos al servilismo gubernamental. Si la elección judicial es un simulacro electoral no solamente que se consuma la imposibilidad ciudadana de reconocer lo falso de lo verdadero, al honesto del corrupto, también se impone una legalidad obscena; por tanto, se reproduce el total vacío del sistema judicial boliviano, sin que por ello los defensores del “proceso de cambio” inventen su hipóstasis y su principio de identidad retorcido mediante una justicia popular, un pluralismo jurídico y una justicia comunitaria inexistentes.
Todavía hay obtusos que escuchan la Constitución y la ley con un solo oído, positivistas trasnochados que con arrogancia creen que hay que hablar de “el derecho en serio” y que este pesa por si mismo y que puede ganarle en autonomía a la política, aunque lleguen a ocupar puestos en las magistraturas por el favor de los políticos. Esta justicia electiva constitucionalizada y su farsa electoral no pasan de ser un crimen imperfecto; no se puede permitir que sigan pisoteando la justicia ni ese bello abigarramiento que llamamos Democracia, entonces hay que defender la justicia y la democracia con un grito de lucha "Dike: Nolite te bastardes carborundorum" (Justicia: No dejes que los bastardos te desgasten).
El autor es politólogo y abogado, Docente UMSA.
