La Paz, 8 de diciembre de 2024 (ANF).- De acuerdo al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, las empresas y entidades públicas podrán realizar el pago de sus obligaciones mediante el uso de activos virtuales, para lo cual el ente rector de la gestión pública se encargará de la reglamentación.
“Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente”, se lee en el artículo 7 del proyecto de Ley referido al pago de obligaciones contractuales con activos virtuales.
El Banco Central de Bolivia (BCB) determinó en junio de 2024, mediante una resolución de directorio, dejar sin efecto la prohibición del uso de criptoactivos (monedas digitales o virtuales), que antes las consideraba de curso no legal.
La prohibición fue establecida en diciembre de 2020, según el BCB, a objeto de evitar riesgos y fraudes a la población en general al no constituirse en monedas de curso legal.
Sin embargo, la adopción de las criptomonedas en Bolivia en los últimos cuatro meses se viene consolidando como una alternativa financiera en un contexto de aguda escasez de divisas y una oportunidad más de transformación digital del sistema económico nacional.
Según datos oficiales del ente emisor, presentados la última semana de noviembre, las transacciones con criptoactivos han superado los 75 millones de dólares, multiplicando su volumen y alcance desde que fue permitido en junio pasado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define, en su portal web, a los activos virtuales o criptoactivos como cualquier representación digital de valor que pueda comercializarse, transferirse o utilizarse digitalmente para realizar pagos.
Señala que los activos virtuales tienen muchos beneficios y peligros potenciales. Pueden hacer que los pagos sean más fáciles, rápidos y económicos, y ofrecen métodos alternativos para quienes no tienen acceso a productos financieros tradicionales. Sin embargo, advierte que en gran medida no están regulados y también tienen el potencial de perder su valor y ser vulnerables a ataques cibernéticos y estafas.
El GAFI considera que, sin una regulación adecuada, los activos virtuales también corren el riesgo de convertirse en un refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas.
En los últimos años, refiere el organismo internacional, algunos países han comenzado a regular el sector, mientras que otros han prohibido los activos virtuales por completo. Sin embargo, la mayoría de los países aún no han implementado regulaciones efectivas.
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