La Paz, 12 de julio (ANF).- El nuevo gerente general de YPFB Andina, Mario Salazar Gonzales, hasta hace poco gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos de la petrolera estatal fue investigado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por presunta legitimación de ganancias ilícitas, pero posteriormente liberado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz.
Salazar pasó a reemplazar a Juan José Sosa, quien además fue Ministro de Hidrocarburos durante la gestión del extinto presidente de YPFB, Carlos Villegas. Sin embaro en esa entidad no quisieron proporcionar la carta de renuncia del exfuncionario.
De profesión ingeniero químico, Salazar Gonzales tenía ingresos mensuales de 15.382 bolivianos hasta 16.592, además de 400 dólares por el alquiler de un bien inmueble, y ninguna actividad comercial, por lo cual se detectó que sus movimientos de dinero no guardaban ninguna relación con sus ingresos económicos.
El informe de la UIF revelado por Página Siete el 2014 señalaba que Mario Salazar tenía la titularidad de cuatro bienes inmuebles y cuatro vehículos, algunos de lujo. Sin embargo omitió declarar cuatro cuentas bancarias.
De acuerdo con la Contraloría General del Estado, desde el 2007 a 2011 Salazar declaró en Santa Cruz como bienes inmuebles el terreno B-Estación Argentina, con un valor de 300 mil bolivianos; un terreno en el Parque Urbano y en la avenida Capitán Arrien por un valor de 371 mil y 765 mil bolivianos, respectivamente, aunque éstos no habrían sido reportados por el sistema Temis del Consejo de la Magistratura. El gobierno municipal de Santa Cruz informa sobre la titularidad de cuatro inmuebles.
El Organismo Operativo de Tránsito de La Paz y Cochabamba certificaron que Salazar contaba con cuatro vehículos a su nombre. Entonces, el diputado Luis Felipe Dorado incluso dijo que recibió algunas pruebas de “lavado de dinero” y legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, en febrero de 2015, tal como lo informó el periódico El Día, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz rechazó la denuncia interpuesta por YPFB en contra de altos ejecutivos de la petrolera y otros por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos, dentro del proceso seguido en contra de Gerson Rojas Terán, encarcelado por beneficiarse ilegalmente de recursos para la adjudicación de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chacho, por más de $us 772 millones.
Después de más de dos años que se declarara en silencio la investigación a cargo de los fiscales Rose María Barrientos, Yolanda Aguilera y Cándido Blanco se rechazó la denuncia interpuesta en contra del director jurídico de YPFB, Marcelo David Canseco Fuentes; del gerente nacional de Administración y Finanzas, Edwin Aldunate Luján; del gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar Gonzáles y otros por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y afectación al Estado.
El rechazo de la denuncia también se amplió a favor del vicepresidente de la compañía argentina AESA; Rodoldo Pablo Fernitz; el vicepresidente de la empresa española Técnica Reunidas, Juan Lladó Arburúa; el gerente de Bolpegas, Carlos Carrillo Salinas; el director de proyectos Gran Chaco, Javier Ugarte Méndez; los supuestos propietarios de los predios La Esperanza, Pedro Pérez Barrientos y Teodora Paniagua, y el exgerente de Plantas Separadoras, Carlos Alberto Rojas Terán.
La investigación se inició el 17 de junio de 2012 por un hecho de tránsito protagonizado por Gerson Richard Rojas Terán, funcionario de la petrolera estatal, quien conducía un vehículo de YPFB en inmediaciones del municipio de Yapacaní, provincia Ichilo de Santa Cruz llevando consigo una caja de seguridad con 90 mil dólares, que según su declaración procedía del contrato de la planta de Río Grande, que se adjudicó AESA. En el hecho resultó comprometido el exfuncionario Agustín Ugarte Méndez
El 22 de junio de 2012, el extinto presidente de YPFB, Carlos Villegas, pidió iniciar inmediatamente el proceso de investigación por uso indebido de bienes del Estado a raíz de la triple colisión de una movilidad Toyota con placa de circulación KKL-2841 en fecha 17 de junio de 2012 conducida por Gerson Rojas, destituido posteriormente y detenido en la cárcel de Palmasola.
El 28 de junio se aprehendió a Gerson Rojas, imputado por el uso indebido de bienes del Estado. El 29 de junio de 2012, YPFB presentó una querella criminal y solicitó detención preventiva en audiencia pública. A la fecha guarda detención en el Centro de Rehabilitación Palmasola.
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