La Paz, 19 de agosto de 2024 (ANF).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, reprochó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por no hacer nada contra el desvío de carburantes subvencionados para el contrabando y la minería ilegal, porque es su responsabilidad contar con una política criminal.
La autoridad señaló que la subvención a la gasolina y el diésel está cerca a los 4.000 millones de dólares, del 100% de ese monto el 85% de la subvención se va al diésel y el 15% a la gasolina. Gran parte la subvención se va a las actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal.
“El diésel se va -lamentablemente- en un porcentaje muy grande al contrabando, alimentar mafias y organizaciones criminales que se llevan el dinero de los bolivianos como negocio fuera de las fronteras; otro gran porcentaje se va a la minería ilegal, minería que no le está dejando recursos y tributos al pueblo boliviano, y una parte importante a la agroindustria”, dijo Lima a la ANF.
Mencionó el tema para justificar la realización de un referendo en el que la población se manifieste sobre la política pública de subvención a los carburantes, un tema que complica al Estado por el presupuesto económico que debe destinar cada año.
¿Por qué el Estado no puede combatir el contrabando y a la minería ilegal, principalmente en relación al desvío de los carburantes subvencionados?, se le consultó al ministro, quien responsabilizó a la Fiscalía General del Estado por no contar con una política criminal que haga frente a estas actividades ilícitas.
“Quien tiene que combatir el delito de contrabando porque es un delito el tráfico de gasolina, de diésel, con fines de llevarlo fuera del país o desviar a la minería ilegal, es una política pública y una política criminal que debe dirigir el fiscal general del Estado”, afirmó la autoridad.
Observó la inacción de la Fiscalía General porque “no hace nada en su papel y trabajo, no tenemos operativos, no tenemos una política dirigida por el fiscal general del Estado (Juan Lanchipa), para impedir el contrabando, para impedir la minería ilegal”, señaló.
Precisó que aquellas veces que se realizan operativos contra estos ilícitos, son ejecutados por el Ministerio de Gobierno o algunas otras autoridades, “estamos hablando de un Estado que no ha tenido desde la institucionalidad y desde la fiscalía una construcción de política que permita combatir estos graves crímenes.
El titular de Justicia recordó que este 9 de octubre, el fiscal Juan Lanchipa, “designado por Evo Morales, se va, porque cumple su mandato constitucional. En su opinión esta situación abre una gran oportunidad democrática para que la Asamblea Legislativa Plurinacional haga un buen trabajo en la preselección, para contar con un “excelente” fiscal. Lamentó que no exista un trabajo sistemático, organizado de persecución política criminal que debe estar a cargo de la Fiscalía General del Estado, en materia de contrabando y minería ilegal.
/NVG/
Articulo sin comentarios
