La Paz, 27 de noviembre de 2024 (ANF).- Como medida de austeridad, el Gobierno pretende quitar la Renta Dignidad a los adultos mayores que siguen trabajando en el sector público y privado y a los socios y accionistas de sociedades comerciales con Registro de Comercio; el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, argumentó que hay necesidades en otros beneficiarios y que se debería pensar solidariamente.
“Las exclusiones son para aquellos jubilados que están trabajando, ya tienen, aparte de su jubilación, parte de su renta, su sueldo, porque siguen trabajando como activos y además tienen la Renta Dignidad. Creo que queda claro que hay necesidades y prioridades para algunos otros beneficiarios que realmente lo necesitan. Después, algunos se han podido jubilar con rentas cercanas al 100%; aparte de su sueldo, además reciben la renta dignidad. Creo que solidariamente deberíamos pensar que (ese dinero) vaya a aquellos que se están integrando al beneficio de la Renta Dignidad”, argumentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, esta mañana en conferencia de prensa.
El artículo 3 de la Ley 3791 establece que la Renta Dignidad se otorga a todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años, que no perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación; a los bolivianos que perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo percibirán únicamente el 75% del monto de la Renta Universal de Veje; y a los titulares y los derecho-habientes a los gastos funerales.
Sin embargo, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en su disposición adicional quinta, pretende modificar ese artículo para establecer que quedan exentos de la Renta Dignidad los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado o del sector privado; además de los accionistas, socios y directores de Sociedades Comerciales, que cuenten con el Registro de Comercio.
El país vive una crisis económica que se traduce en los límites de la insolvencia para garantizar sus propios gastos. El Gobierno envió el presupuesto para el siguiente año sin reducir su gasto público; al contrario, aumentó y pretende cubrir ese gasto con deuda que se solicitará a organismos internacionales.
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