La Paz, 25 de marzo de 2025 (ANF).- El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró en suspenso la aplicación de la disposición adicional séptima de confiscación de productos. Convocó al diálogo a 13 sectores movilizados y solo asistieron cuatro.
“Hemos recibido una notificación formal como gobierno a través del vicepresidente de la aplicación de un auto constitucional 060/2025, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ante una acción de inconstitucionalidad planteada por el diputado Miguel Roca decide por medida cautelar suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del PGE”, informó Siles.
La autoridad precisó que desde un punto de vista racional y lógico “no se va a aplicar esa disposición hasta que se resuelva en el fondo el tema”, porque el auto constitucional tiene carácter vinculante.
“No se va a aplicar, no se va a reglamentar, no se va a aplicar ninguna medida administrativa”, sostuvo el titular del Ministerio de Justicia, al insistir que el Gobierno aguardará la decisión del TCP sobre si esa disposición es constitucional o inconstitucional.
El gobierno de Luis Arce introdujo esa disposición para “garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, dice el texto.
Para informar sobre la decisión del TCP y del Gobierno, el ministerio invitó a 13 sectores, sin embargo, solo aceptaron asistir cuatro. “Hemos convocado a 13 organizaciones, asociaciones, empresarios, gremiales que estaban movilizados o en apronte de movilización. Entendíamos que era un buen momento para el avance en el diálogo”, precisó.
Precisó que convocará a cada sector a reuniones bilaterales, no solo para informarles, sino para buscar atender otras demandas de las instituciones y organizaciones movilizadas, las que se declararon en emergencia y movilización tras la promulgación del Presupuesto General del Estado sin abrogar ese tema.
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