La Paz, 11 de marzo de 2025 (ANF).- La empresa canadiense New Pacific Metals denunció avasallamiento en su área de titularidad del proyecto Silver Sand en Tacobamba en el departamento de Potosí. Advirtió que estas acciones ilegales verificadas por instituciones estatales ponen en riesgo una inversión de 358 millones de dólares. Pide a las autoridades una intervención urgente para frenar estas operaciones irregulares.
La empresa hasta ahora ha invertido $us 45 millones de dólares en la etapa de exploración en su proyecto Silver Stand, tiene una proyección de inversión de 358 millones de dólares en el departamento de Potosí en la fase de construcción.
“Sin embargo, estas actividades están poniendo en riesgo la implementación de este proyecto que podría generar alrededor de $us 17 millones al año por concepto de regalías para ese departamento y $us 43 millones en pago de impuestos para el Estado”, sostiene el gerente general de NPM Minerales S.A., Hianny Romero.
La empresa realizó una millonaria inversión entre 2017 y 2022, ha realizado 523 pozos lo que ha permitido “tener certeza del yacimiento que está en el contrato administrativo minero, una vez finalizada la etapa de exploración estamos listos para la etapa de permisos que son los permisos ambientales (…) Y en esta etapa estamos a puertas de traer al país una inversión de 358 millones de dólares para la construcción de la empresa”, añadió.
La construcción de dicha planta está prevista para los próximos dos años, es decir que la empresa pretende invertir 358 millones de dólares. Una vez construida la planta se empezará a procesar el mineral y estará en condiciones de exportar barras de plata. “Es un proyecto de alto impacto en el país”, porque se van a generar fuentes de empleo directos y oficios indirectos.
El gerente lamentó que una vez que se validó y certificó lo que hay en el área otorgada a la empresa, ahora enfrentan problemas de avasallamiento. Seis personas que son de la comunidad donde se encuentra el proyecto han decidido ignorar los acuerdos que tenían y han empezado a realizar operaciones de minería que no están autorizadas por la empresa ni por las entidades gubernamentales, dijo.
Los trabajadores de la empresa son amedrentados, al igual que la comunidad que se siente intimidada, ante la explotación ilegal del yacimiento. Preciso que este grupo de personas se aprovecha para valerse de su condición de ser miembros de la comunidad con el objetivo de “trabajar al margen de la ley y están empezando a saquear el yacimiento”.
Existencia de una red de blanqueo del mineral
Romero denunció que existe una “red de blanqueo del mineral” que opera en la zona, porque salen 12 volquetas del área y circulan sin ningún tipo de control ni de regulación, pese a que existe normativa para estas operaciones como llenar el Formulario 101 de transporte de minerales. “Adicionalmente llegan a un ingenio para que sean procesados y comercializados los minerales”, detalló al expresar su extrañeza porque ninguna de estas operaciones podría realizarse sin que exista un control.
Añadió que la empresa ha presentado las denuncias formales ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Secretaría de Minería de la Gobernación de Potosí, la Fiscalía y la Policía, entidades que han “constatado y verificado” las actividades de avasallamiento ilegal en el área. Asimismo, han iniciado los procesos penales contra las personas que han sido identificadas en estas acciones ilegales en el área otorgada a la empresa minera internacional.
Pese a que hay instituciones que han validado el avasallamiento, los ejecutivos recurrieron al gobernador de Potosí, al Ministerio de Minería y lamentablemente no recibimos ese apoyo como inversionistas del sector privado (…) para detener estas operaciones. Hay una cadena, (hay) el eslabón, ya sea en el ingenio, en el transporte o en el mismo yacimiento, que se puede detener estas operaciones, pero no recibimos ninguna señal para detener estas acciones”, lamentó.
La empresa pidió una “intervención inmediata” y “urgente” de las autoridades para detener estas actividades ilegales en el área de titularidad de la Minera Alcira; además una garantía de acceso a la concesión minera para continuar con las operaciones.
Por otra parte, demandó que los responsables de estas actividades sean investigados y sancionados a toda la “red” de protección a estas operaciones ilegales. Además, requieren un apoyo claro y firme de las autoridades a las inversiones extranjeras, para demostrar que Bolivia es un país seguro confiable para invertir.
/NVG/
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