La Paz, 3 de diciembre de 2024 (ANF).- Además de autorizar al Ministerio de Economía contraer una deuda de 3.000.000.000 de dólares, el Gobierno busca que esos préstamos no pasen por la aprobación de la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución Política del Estado, lo que significaría que se estaría cometiendo un “fraude a la ley”, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón.
“En teoría general del derecho se llama fraude a la ley. El fraude a la ley es cuando un gobernante te pone como justificación; en este caso, la ley del presupuesto, una norma de la Constitución que, en lugar de respetarla y cumplirla, la está violando”, dijo Alarcón.
El artículo 13 del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 autoriza al Ministerio de Economía contraer una deuda pública de 3.000.000.000 de dólares para apoyar la falta de presupuesto y pagar deudas del Estado. Sin embargo, estos créditos no pasarían por la Asamblea Legislativa para su control, análisis de intereses, capacidad de pago y demás condiciones del préstamo internacional.
“¿Cómo vamos a controlar cuando ya hay una autorización previa de despilfarro de 3.000 millones de dólares? Y son tan sin vergüenzas los del gobierno, que todavía invocan los artículos de la Constitución que dicen que están cumpliendo. Eso es fraude a la Constitución y a la ley. Los están violando de manera burda y grosera, porque la Constitución exige aprobación contrato por contrato”, criticó el legislador.
El país atraviesa por una escasez de dólares desde febrero del año pasado, cuando se limitó la venta del billete estadounidense en las entidades financieras. El Gobierno primero negó que no exista la divisa para calmar la demanda y culpó a los analistas de causar una supuesta especulación; sin embargo, cuando la situación era demasiado evidente, admitió que tienen dificultades económicas porque cayeron las exportaciones de gas debido a la poca producción del recurso no renovable.
En su desesperación, el gobierno de Luis Arce pretende endeudarse lo más que pueda para sobrevivir a su último año de gestión y traspasar el pago de esa deuda al siguiente gobierno y a las futuras generaciones de bolivianos.
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