La Paz, 8 de septiembre de 2023 (ANF). - La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo en el que establece que el Estado boliviano deberá pagar a la empresa multinacional Glencore Financie $us 253.591.796, por la nacionalización del complejo metalúrgico de Vinto y la mina de Colquiri.
“Considerando que en horas de la mañana hemos sido notificados está en análisis el ampuloso documento del laudo arbitral. Se ha dispuesto el pago por parte del Estado boliviano de $us 253.591.796 relativos a cuatro conceptos: la mina de Colquiri, la fundición de estaño, la fundición de antimonio, reserva de estaño”, informó el procurador general del Estado, César Siles.
El 2017, Glencore Financie presentó una demanda internacional contra el Estado boliviano en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, reserva de estaño y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Al respecto, Siles dijo que el monto que deberá cancelar el Estado boliviano a la empresa multinacional es menor al que se pidió de forma inicial. En 2017 el pago ascendía a $us 675.7 millones, posteriormente el monto se incrementó a $us 770 millones, la autoridad dijo que se redujo en al menos un 68%.
“Aclarar que este fallo final en relación a una demanda presentada el 2017 que pedía 675.7 millones de dólares, luego esta demanda fue actualizada a 778 millones de dólares. Nótese que ahora el monto de pago que se está disponiendo es menor. No obstante, es obligación del Estado analizar todos los escenarios posibles para seguir con la estrategia de la defensa legal del Estado”, explicó.
Finalmente, la autoridad anticipó que analizarán todos los escenarios posibles para buscar una estrategia de defensa. Anunció que buscarán solicitar la anulación del laudo y suspender su ejecución.
“Vamos a analizar la posibilidad de solicitar la anulación de este laudo y la suspensión de su ejecución. Tenemos un plazo establecido, pero el documento está siendo analizado por el equipo de abogados de la subprocuraduría y el bufete externo que fue contratado”, precisó.
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