La Paz, 13 de febrero de 2025 (ANF).- Las fundaciones Solón y Jubileo presentaron seis observaciones cruciales de los contratos que el Gobierno pretende firmar con empresas de Rusia y China; en consecuencia, 37 instituciones y organizaciones de la sociedad civil se sumaron al rechazo a estos acuerdos.
Ambas instituciones no gubernamentales también formaron parte del manifiesto que emitieron la Fundación Milenio, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), donde advirtieron 13 riesgos en esos contratos.
Sin embargo, para Solón y Jubileo, los seis riesgos críticos son: que ambos contratos dejan el peso de los riesgos a Bolivia, incluido penalidades; las inversiones de las empresas chinas y rusas exigen que sean devueltas con la producción del carbonato de litio, incluso recuperarán el gasto en salarios que hagan a los empleados; las estimaciones de las utilidades y el rendimiento que se manejan en los contratos están sobredimensionadas, porque se las calcula con una cotización superior a $us 25.000 por tonelada, cuando la cotización actual oscila alrededor de los 10.000 $us.
La quinta observación cuestiona que la inversión por tonelada producida de carbonato de litio es 2,4 veces más en la operación de la empresa rusa, respecto a la inversión de la empresa china. No se explica la razón de ese incremento.
Finalmente, en los contratos no se establece qué pasará con los otros elementos encontrados en la salmuera del salar de Uyuni, lo que genera incertidumbre.
Algo adicional que resaltan las dos fundaciones es que las comunidades a las que se les aplicaría la consulta previa, libre e informada serían afectadas en el uso del agua que tienen actualmente.
“Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país”, advierten las dos instituciones.
Por todo ello, al igual que la población potosina, varias instituciones se sumaron al rechazo de estos contratos.
Adhesiones institucionales
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