La Paz, 26 de septiembre de 2024 (ANF).- Mauricio Bruzzone, integrante de la organización de activistas Resistencia Civil La Paz, permanece detenido desde julio de 2022 por portar un escudo y petardos en la marcha nacional en defensa de la libertad, justicia y democracia convocada por el Colegio Médico de Bolivia.
Aquel 21 de julio fueron detenidos ocho personas, tres activistas - Rodolfo Augusto R. O., Mauricio Bruzzón y Ricki Blas F. R.-, una mujer y cuatro militares que resultaron ser infiltrados en la organización de activistas.
Se trata de Oscar Sánchez Céspedes (teniente), Hugo Herrera Mercado (teniente de artillería), Álvaro Barcaya Mamani (teniente de infantería) y Luis Alfredo Lero (sargento), militares del departamento segundo de inteligencia a cargo de Juan José Zúñiga, que se infiltraron con nombres falsos en organizaciones civiles. Los cuatro fueron liberados, mientras que Bruzzone y dos activistas fueron enviados a la cárcel.
De acuerdo a las denuncias, los militares desempeñaron el papel de provocadores e incitadores y aislaron a los activistas para que sean detenidos. La defensa sostiene que se trata de un caso armado.
“Rodolfo R.O., Ricky F.R. se sometieron al procedimiento abreviado y pudieron salir, es decir, tuvieron que declararse culpables por tenencia porte y portación de armas, solamente por tener escudos, por tener cascos y por tener petardos, ninguna arma, ninguna munición, era la única forma en la que podían salir”, dijo a ANF el abogado Jorge Valda.
El capitán de inteligencia Sergio Castro Ustariz, que participó de esta infiltración, confirmó el hecho y dijo que se trata de una política de Estado que lleva adelante el gobierno en contra de aquellos que considera opositores o voces disidentes.
Ese día, los activistas llevaron escudos para proteger a la marcha de los ataques de los grupos de choque del partido de gobierno, que arremetían con violencia y hasta con cachorros de dinamita contra toda movilización considerada opositora.
Bruzzone estuvo más de año y medio en el penal de San Pedro. Consiguió modificar la medida por detención domiciliaria y una fianza de 15.000 bolivianos, y al no poder pagar el monto, lo mantuvieron en la cárcel. Al tener hijos que mantener y sin posibilidad de salir demostrando su inocencia, se vio obligado por las circunstancias a someterse a un proceso abreviado. El Juez emite una orden de libertad el 18 octubre de 2023 que no se llega cumplirse debido a que el 26 del mismo mes es acusado por terrorismo.
“Cuando tenía que salir para atender a sus cinco hijos menores de edad, inmediatamente le inician un nuevo proceso penal por parte del Ministerio de Defensa por el delito de terrorismo, por los hechos acaecidos el 2019, en el que lo acusan de ser uno de los principales instigadores de la violencia en la ciudad de La Paz y señalan como testigos a un sinfín de activistas que hubieran estado esos días”, refirió Valda.
El abogado indicó que la acusación contra Bruzzone se basa en los mismos informes de inteligencia con los que también detuvieron a dirigentes de Adepcoca y de la Juventud Yungueña como Raúl Uría.
Para la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, que el gobierno actúe implacable con quienes protestan contra el gobierno y permisible con sus afines, en las mismas circunstancias, “claramente está demostrando que en Bolivia el debido proceso, la igualdad ante la ley, no es un principio aplicado por instancias del gobierno, principalmente el Ministerio de Gobierno a través de las Fiscalías, que en algunos casos actúan de manera muy inmediata y hasta fuera de la ley, fuera de horarios, haciendo lo que quieren con un sector de la sociedad”, mientras que en otros casos protegen y cobijan bravuconadas.
El lunes 23 de septiembre, militantes del MAS afines al presidente Luis Arce portaron cascos, escudos, petardos y hasta dinamita, en medio de policías, para supuestamente defender el gobierno del mandatario de la marcha de Evo Morales. Ninguno de ellos fue detenido.
Dos días después, el diputado arcista Rolando Cuéllar dejó en claro que los derechos son para quienes apoyan al gobierno de Luis Arce, al decir que a la plaza Murillo “ingresan los que apoyan la gestión del gobierno (…) y no los golpistas”.
Valda explicó que la nueva acusación contra Bruzzone ya está para inicios de juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que es el mismo tribunal que condenó a Jeanine Áñez y que lleva todos los casos de los presos políticos en la ciudad de La Paz.
“Ese mismo tribunal va a llevar adelante este proceso por terrorismo en contra de Mauricio Bruzzone, pidiendo 30 años de cárcel, lo cual es realmente absurdo e indignante, él es el único acusado, es como si se hubiera formado todo un caso terrorismo solamente para él, Mauricio Bruzzone es uno más de los 300 presos políticos que existen en nuestro país”, enfatizó.
Valda remarcó que Bruzzone hasta el presente lleva más de dos años detenido en la cárcel de San Pedro por pensar diferente, por marchar en una convocatoria de los médicos, “acompañando a las esposas de los policías y de los militares detenidos, llevando cascos artesanales, llevando escudos artesanales, y solo por esa marcha hasta ahora permanece detenido y privado de libertad”.
El actuar del gobierno hacia los que considera opositores, se basa en un modus operandi, expuesto en el reportaje “El MAS utiliza métodos dictatoriales para castigar a opositores políticos”, a los que trata “como si fueran los peores criminales, como si fueran terroristas o como si fueran genocidas o como si fueran traficantes de armas, solamente por haber marchado o por haber defendido lo que es correcto y lo que es justo en su forma de pensar”, mientras que a las personas que están supuestamente defendiendo al gobierno o son parte de la línea del Movimiento Al Socialismo que está gobernando, “tienen total y absoluta impunidad, esta es la realidad de nuestro sistema judicial”.
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