La Paz, 19 de marzo de 2025 (ANF).- La organización de víctimas de las dictaduras denunció que el Gobierno está bloqueando su participación en la revisión de expedientes de reparación, a pesar de que la Ley 1568 les otorga el rol de veedores en este proceso. Victoria López, representante de la plataforma de víctimas de las dictaduras, denunció que las autoridades del Ministerio de Justicia no les permiten ejercer sus funciones.
“Estamos tropezando con serios inconvenientes en la aplicación de la Ley 1568, que nos costó mucho hacer aprobar en la Asamblea Legislativa. Ahí dice que nosotros, los representantes de las víctimas, somos veedores, pero en el Ministerio de Justicia no nos permiten desempeñarnos como tales”, afirmó López en declaraciones a ANF.
La Ley 1568, promulgada en julio de 2024, permite la revisión extraordinaria de casos de víctimas de dictaduras que no recibieron resarcimiento económico. En su Artículo 3, inciso III, establece que tres representantes de organizaciones de víctimas deben participar como veedores ad honorem en el proceso. Sin embargo, López asegura que esto no se está cumpliendo.
“Ha empezado la revisión de los expedientes los jueves y los viernes a partir del 9 de enero. Nosotros hemos estado esos dos días ahí y nos han mantenido sentados como convidados de piedra, sin que nos dirijan siquiera la palabra”, denunció.
Según López, el equipo técnico encargado de la revisión está conformado por funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia y Presidencia. Sin embargo, los representantes de las víctimas han sido excluidos del acceso a los documentos y de la toma de decisiones.
“Hemos ido para querer desempeñar nuestras funciones y no nos permiten ni siquiera mirar los expedientes. No sabemos de quiénes se ha revisado; y, a título de que no debe salir la información de ahí, quisieron hacernos firmar un acta de confidencialidad donde decía en un párrafo que si salía alguna información, nuestra organización iba a ser apartada del proceso”, relató López.
La plataforma de víctimas se negó a firmar dicho documento y solicitó una reunión con el ministro de Justicia, César Siles, quien después de varias postergaciones los recibió y habló de flexibilizar las restricciones. Sin embargo, el encuentro fue interrumpido por problemas de salud del ministro, y desde entonces no han podido retomar el diálogo con él.
“En su lugar acudió la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Sanabria, pero con ella no podemos marchar porque es muy negativa para nosotros. Aparte de que nos brinda maltrato, ella no soluciona, no allana el camino para que podamos cumplir nuestras funciones y se pueda llevar adelante la revisión de los expedientes”, concluyó López.
Las organizaciones han exigido que se respete el papel de los veedores y han solicitado al Gobierno garantizar el cumplimiento de la Ley 1568 para evitar que más víctimas queden excluidas del proceso de reparación.
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