Víctimas de las dictaduras y una reparación integral que apuesta al cansancio y al maltrato

Los 11 años de lucha continua -en el gobierno del MAS- se caracterizaron por la gran insensibilidad y retardación de las autoridades de gobierno, ahora por el Ministerio de Justicia, que no toma en cuenta la situación física y mental de una generación septuagenaria que lleva adelante la demanda, para quienes cada día es un gran sacrificio y un día menos. Reclaman por las constantes mesas técnicas del Ministerio de Justicia que solo dilatan los trámites y los alejan de sus demandas, mediante exigencias de proyectos de ley para cada trámite, mientras que en otros casos -las víctimas de Senkata y Sacaba que ellos respetan- la disposición de ayuda del gobierno es mayor.

Para el activista de derechos humanos David Inca se trata de un cálculo político del gobierno que espera, mediante las ampliaciones y la realización de múltiples mesas técnicas, que estas personas de 70 años y más fallezcan para no pagarles ninguna reparación.

“Nos complican la vida mucho más, porque no están trabajando como realmente nosotros necesitamos, todos somos personas de la tercera edad, han muerto tantos compañeros estando en las calles, en la carpa del Prado, y eso es lo que ellos no toman en cuenta, ya no tenemos tiempo nosotros, pero ellos (las autoridades) lamentablemente no hacen carne de nuestro sufrimiento, para nosotros eso es un sufrimiento muy grande, insistir y seguir luchando, seguir reclamándoles a ellos”, dijo a ANF la representante Victoria López.

Lamentó que pese a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el informe del GIEI y las propias conclusiones de la Comisión de la Verdad gubernamental, el Ejecutivo boliviano solo tome estas observaciones como algo nominal y de cumplimiento voluntario.   

“Nosotros hemos tenido ya cuatro audiencias con la CIDH con la última que ha venido, hemos pedido que exija al Gobierno que cumpla esas recomendaciones, porque de nada sirven las audiencias que se hace con ellos si el gobierno no cumple esas recomendaciones”, enfatizó.

El 9 de mayo, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, anunció el inicio del pago del 80% restante del resarcimiento a las víctimas de la violencia política. 

“Esto es parte de los compromisos que se están cumpliendo, hemos firmado un acuerdo histórico; estamos hablando de 1.714 víctimas calificadas, por lo que el presidente Luis Arce destinó más de 99 millones de bolivianos, para este pago”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

Explicó que este pago se hace realidad después de casi dos décadas de compromisos gubernamentales incumplidos, en el marco de la Ley 1446 de 25 de julio de 2022, que modificó el inciso b) del artículo 16 de la Ley 2640 del 11 de marzo de 2004, la cual autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de 99.9 millones de bolivianos.

López recordó que en marzo de 2004 con la aprobación de la Ley 2640, Evo Morales con su primera bancada de parlamentarios se comprometió, en caso de ser gobierno, a cumplir esa ley que establece el resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política, pero incumplió, y mediante la aprobación de la Ley 238 de abril de 2012 reformó la escala de reparación que establece la 2640.

Con la Ley 238 el gobierno califica solamente a 1.714 personas y paga un 20%. Quedó pendiente el pago del reintegro del 80%, que después de más de 10 años cumple. “Imagínense tanta retardación, 11 años después pagan el 80% restante con la Ley 1446”, dijo la activista.

Para David Inca la retardación en el cumplimiento de la reparación integral tiene un “perverso cálculo político” de incumplir esa obligación a personas todas ellas adultas mayores.

“Esa es la lógica, como la mayoría ronda los 70 años para arriba, 80, algunos están con 90, lo que están esperando es que mueran, por eso amplían con sus disque comisiones técnicas que no avanza para nada”, señaló.

“Esa es la parte perversa del cálculo político”, dijo Inca, y las autoridades por los medios de comunicación “lanzan la noticia ‘estamos atendiendo a las víctimas de las dictaduras de gobiernos inconstitucionales’ y las fotitos solemnes junto a un hermano o una hermana, pero solamente queda en eso, porque más allá es el cálculo político de aparentar que se está haciendo, pero en el fondo no están haciendo como deberían hacer”.

Inca dijo que para hacer el pago del 80% solo se necesitaba la modificación de un inciso de la ley, no cambiar toda una ley, pero como era una decisión política del gobierno de Evo Morales no se hizo. Y ahora, pudiendo hacerlo inmediatamente el gobierno de Luis Arce, tarda más de dos años.

“Aquí la burocracia no ve la parte humana, solamente se dedica a ver la parte del papelito, del procedimiento, y se olvida de la situación humana, esa es la condición, ahora tampoco hay decisión política para solucionar”, refirió.

En agosto de 2022, el Gobierno y representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica firmaron el Acuerdo Nacional que determinó el levantamiento de la carpa de El Prado, al frente del Ministerio de Justicia, que estuvo más de 10 años exigiendo justicia.

El gobierno de Luis Arce se comprometió a concretar el pago del 80% restante, hacer una revisión de los expedientes descalificados y aceptar la revisión de los expedientes de sobrevivientes que no presentaron oportunamente, sin embargo, la reparación integral va más allá, dijo López.

“La reparación integral para nosotros no solamente consiste en una reparación económica, es más grande, tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, pero vemos que sobre todo en el Ministerio de Justicia existe mucha retardación”, enfatizó.

Desde la firma con el presidente Arce se avanzó con el cumplimiento del pago del 80% pendiente, ahora está pendiente el proyecto de ley para la revisión de los expedientes y otro para la presentación de nuevos casos, que ya se encuentran en el legislativo.

“Ahora estamos esperando reunirnos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, indicó.

López lamentó que les exijan tantos requisitos y aprobación de leyes que tardan en su tratamiento para que sean atendidas sus demandas, mientras que en el caso de los mártires de Senkata y Sacaba las cosas fluyen de manera rápida con reparaciones y beneficios para los fallecidos y heridos. 

“Nosotros nos sentimos discriminados y maltratados, no cuestionamos los beneficios que están logrando los compañeros de Senkata y Sacaba, pero hay prioridades, estamos tantos años luchando y para solucionar nos piden leyes y leyes para cada cosa, no queremos ningún privilegio sino prioridad, porque estamos hace 11 años luchando, estuvimos en las carpas, en situaciones tan terribles, tan difíciles con el clima que vivimos, ahí nosotros hemos soportado durante 11 años sobreviviendo prácticamente sin ayuda de nadie”.