La Paz, 3 de enero de 2024 (ANF).- Los mineros que se expanden por el norte de La Paz hacia la Amazonía han concentrado poder político y económico bajo un falso “disfraz” de “cooperativas”, libres de cumplir las normas impositivas y medioambientales , y con las “facultades de facto” para atentar contra los derechos de la población, en particular de los pueblos indígenas.
Franco Albarracín, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Alex Vilca, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), compartieron puntos de vista en el Conversatorio panel de la ANF que abordó el impacto de la minería aurífera en los derechos de los pueblos indígenas.
La Agencia de Noticias Fides durante el 2023 ha dedicado varios de sus trabajos de profundidad a la problemática que genera la extracción del oro, su impacto en las poblaciones que son invadidas y divididas, en el medioambiente, por esa razón también generó este espacio de intercambio de opiniones acerca de esta temática.
Ambos expertos en el tema, coincidieron que las cooperativas que explotan oro, en particular en el norte paceño y también en otras regiones del país como Pando o Beni, han acumulado poder a través de su alianza política con el Gobierno nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que les permite actuar de manera impune.
“Los actores mineros, sobre todo cooperativistas, están amparados y protegidos por el actual gobierno, y tienen esta potestad y supremacía de ingresar, por ejemplo, en territorios indígenas, en áreas protegidas, de ocupar principales cuencas hidrográficas”, denuncia Vilca, quien es habitante de la comunidad Uchupiamona, ubicada en el corazón del Madidi y un defensor de derechos.
Su poder no es “simbólico”, sino que se traduce en la ocupación de varios espacios en la estructura del Gobierno “Se sienten con poder de estar atropellando y vulnerando sistemáticamente los derechos indígenas, los derechos de la naturaleza y los derechos de todo ciudadano boliviano”, comenta.
“Existe la presencia de cooperativas mineras en varios niveles del Estado, no solo presencia de carácter político, sino también administrativa. Las cooperativas tienen cupo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para impulsar este tipo de normas contrarias a la ley ambiental y a la propia Constitución Política del Estado”, añade Albarracín.
Según la Ley General de Cooperativas de abril de 2013, una cooperativa “Es una asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, con estructura y funcionamiento autónomo y democrático”.
Esta misma norma establece que los principios del cooperativismo se sustentan en la solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social y “no lucro de sus asociados”, sin embargo, las cooperativas auríferas están lejos de sujetarse a estos principios.
Este sector tiene ganancias millonarias. En 2022, las exportaciones de oro en bruto alcanzaron poco más de 3.000 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los ingresos son de tal magnitud que el pasado mes de diciembre, la Cooperativa minera Siempre Unidos Mapiri R.L. sorprendió regalando a sus socios vehículos 0 km., marca Toyota. Mapiri es un municipio donde la extracción del oro es intensa.
Franco Albarracín asegura que en Bolivia no existen cooperativas, sino empresas “disfrazadas” de cooperativas. “Las cooperativas mineras, sobre todo vinculadas con el oro, una gran parte de estas no son cooperativas, son empresas disfrazadas de cooperativas para beneficiarse del no pago de impuestos”.
Están exentas de pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además del bajo porcentaje de regalías mineras (…); pero además no están sometidas a las normas laborales o vulneran de manera “trágica” toda la ley laboral boliviana.
“Son grupos absolutamente privilegiados, están presentes en todas las esferas del Estado, no pagan impuestos, no respetan normas ambientales, en cualquier momento invaden las áreas protegidas”, dice Albarracín, defensor en derechos humanos. Vilca añade que la mayoría funcionan sin licencia, pero siguen operando extrayendo oro de manera indiscriminada.
Tanto Vilca y Albarracín lamentan que bajo ese “disfraz” de cooperativas están grandes intereses económicos, particularmente extranjeros, chinos, colombianos. El investigador del CEDIB dice que es necesario investigar el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero en torno a las actividades mineras.
“Quienes están detrás son grandes inversores, sectores muy enriquecidos, pero también empresas extranjeras, hay información de empresas chinas detrás de estas cooperativas eso debería preocuparnos mucho porque se están beneficiando de la mano de obra y del medio ambiente”, comentó Albarracín.
Precisó que estas cooperativas han ido incrementando su forma de actuar represiva en contra de líderes indígenas y defensores ambientales. Antes hostigaban, desprestigiaban y deslegitimaban; pero ahora es común -dijo- la presencia de grupos armados irregulares que amenazan a dirigentes e indígenas, “cuando hay grupos armados significa que están estrictamente vinculado con actividades ilegales”.
Los defensores de los derechos también han sufrido ataques de parte de las cooperativas, en su intento por ingresar a las áreas protegidas los guardaparques han sido amenazados. Incluso dos guardaparques están siendo procesados por empresarios que pretendían ingresar ilegalmente al Madidi.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) poco o nada ha realizado por proteger a los guardianes de esas áreas reservadas que son el pulmón de Bolivia y el mundo. Los activistas Albarracín y Vilca hicieron un llamado a las autoridades a proteger la naturaleza y los derechos de las poblaciones más vulnerables objeto de ataques por parte de los mineros cooperativistas.
El impacto de la minería
Vilca afirma que la actividad minera está gravitando en la Amazonia boliviana y se va acentuando en todo el país. El epicentro de la minería en los últimos años está en el norte de La Paz, municipios como Mapiri, Guanay, Teoponte, pero sigue expandiéndose, gravitando en otros municipios como Rurrenabaque, San Borja en Beni “(la minería) está tomando control muy rápido de nuevas áreas”.
El impacto no solo tiene que ver con la destrucción del patrimonio natural, de los bosques, de la biodiversidad, de los ríos, sino con la desestructuración de la vida cotidiana y de los medios tradicionales de subsistencia de los pueblos indígenas. Escenario que puede ser “irreversible”.
Precisan que la contaminación de los ríos con mercurio, que se utiliza en la extracción del oro, afecta a toda la vida acuática, a los peces que son la principal proteína de los pueblos indígenas, por esa razón existen niveles altos de mercurio en el cuerpo de los habitantes que viven en las riberas de los ríos.
El año pasado, el CEDIB presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los resultados de estudios en los que se determinó la presencia de mercurio en el cabello de pobladores que consumen el agua de ríos contaminados con ese metal.
Albarracín dijo que la CIDH quedó muy preocupada con el informe porque se vulneran varios derechos de los pueblos indígenas: a la vida, a la integridad personal, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo. “Este es un problema estructural”, comenta, al hacer hincapié que las poblaciones más vulnerables son niños, adolescentes y mujeres indígenas.
Vilca pide que el Estado a través del Gobierno reoriente sus políticas extractivas que solo enferman y empobrecen a las comunidades, que a pesar de las grandes cantidades de oro que se extrae y exporta, las poblaciones que viven en las áreas de intervención siguen en la pobreza, sin que sus condiciones de vida mejoren.
“Eso no puede continuar porque el extractivismo es algo que nos ha ido postergando, lo que ha hecho la explotación de recursos naturales en Bolivia ha sido causar mayor empobrecimiento. Ante esa situación debemos dejar esa actividad extractiva y pasar al post extractivismo, con actividades económicas en agropecuaria, agricultura, desde una visión organiza, natural, ecológica”, afirmó.
Albarracín manifestó que la respuesta a la crisis económica en el país no puede ser más extractivismo, pidió buscar otras alternativas que no afecten los derechos fundamentales. “No ha servido para nada el extractivismo, pero esa es su respuesta”. Pidió a la población en general estar alertas ante la flexibilización normativa, ante la crisis judicial y democrática.
/NVG/
