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Derechos humanos

Una periodista resulta herida en medio de conflicto y la ANP exige aplicación de ley contra la violencia a la mujer

Ante este cuadro de violencia contra las mujeres periodistas, la ANP reiteró su pedido a la Fiscalía para una actuación de oficio en la investigación de los casos reportados, en aplicación del artículo 59 de la Ley 348.
7 de mayo, 2025 - 20:24
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La Paz, Cochabamba, 7 de mayo de 2025 (ANF)) – La periodista de Canal 35 Televisión Tunari, Ángela Ninoska Mamani, resultó herida el sábado 3 de mayo, tras el ataque de un grupo de choque que apoya el traslado de basura desde la ciudad de Cochabamba a un predio del municipio de Quillacollo, distante a 12 kilómetros sobre la carretera al occidente. Ante estos hechos que afectan a mujeres periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exige la aplicación de la Ley 348.

La periodista registró incidentes entre vecinos que retuvieron camiones de recojo de basura y bloquearon la vía principal de este municipio en protesta por el transporte de deshechos provenientes de Cochabamba, la capital del departamento del mismo nombre.

El camarógrafo que la acompañaba, Dahan Joaquín Vedia, también recibió golpes y terminó con lesiones en el cuerpo, informó Mamani a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), según una nota de prensa.

Los enviados de prensa realizaron la cobertura informativa en las puertas del cuartel militar de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, cerca de las 13:15 horas.

Un grupo de choque conformado por unas 30 personas, transportados en ocho vehículos, llegó al lugar y atacó inicialmente a vecinos del municipio de Quillacollo que retenían seis camiones de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) de Cochabamba.

Una mujer tomó violentamente por los cabellos a la periodista y rompió su chaleco de trabajo, y cuando el grupo de hombres se aproximó amenazante, Mamani reconoció al líder de los atacantes, un dirigente del distrito 6 del municipio de Quillacollo, registra la Unidad de Monitoreo.

Mamani alertó al dirigente que estaba cumpliendo su trabajo como periodista y esperaba que, al ser reconocido, tuvieran consideración porque estaban al margen de la disputa. Pero el cabecilla, en lugar de impedir la agresión, alentó a sus seguidores a continuar con la golpiza a la reportera, al camarógrafo y a los vecinos. 

Mientras un integrante del Control Social era arrastrado por varias personas, “ un hombre me da una patada ” y otro me golpea con un objeto que tenía una punta afilada y me provoca una herida en la pierna izquierda, relató. 

Al camarógrafo lo derribaron y atacaron a patadas en el piso, según el testimonio de Mamani. La reportera fue asaltada y despojada de un micrófono inalámbrico, una billetera con dinero en efectivo y un teléfono móvil. Además de los golpes en la espalda y la pierna, el camarógrafo perdió una cámara de fotografía y de video.

“Pido justicia y sanción a los agresores. Ellos piensan que agrediéndonos nos van a callar”, expresó Mamani que dirige el programa Voces Regionales desde hace más de 15 años.

La ANP recordó que está vigente la Ley 348 que sanciona la violencia física y psicológica contra la mujer, mientras el Código Penal sanciona con penas de privación de libertad hasta por 12 años a los responsables de provocar lesiones gravísimas.

Ante este cuadro de violencia contra las mujeres periodistas, la ANP reiteró su pedido a la Fiscalía para una actuación de oficio en la investigación de los casos reportados, en aplicación del artículo 59 de la Ley 348. 

La organización de diarios independientes también reclamó un pronunciamiento y acciones del Defensor del Pueblo en favor de las mujeres periodistas afectadas en los últimos conflictos.

En tanto que, la Defensoría del Pueblo expresó su enfático rechazo a las agresiones que sufrieron una periodista y un camarógrafo trabajadores de la Red Unitel de Cochabamba, quienes denunciaron haber sido víctimas de violencia tanto física como sexual, al estar dando cobertura al conflicto generado por el depósito de basura en un botadero habilitado en la comunidad de Cotapachi el lunes 05 de mayo.

Los actos de violencia generados por el conflicto social actual menoscaban el derecho a la protesta como manifestación de la libertad de expresión. Esta situación se agrava cuando la violencia extrema se dirige hacia personas no involucradas, particularmente en casos de misoginia y violencia sexual contra mujeres, debido al impacto psicológico que estos actos pueden tener en su desarrollo personal, dice la institución.

 

/ANF/

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