La Paz, 21 de abril de 2025 (ANF).- La tortura sigue siendo una práctica sistemática en Bolivia, silenciada por el poder y desoída por la justicia. Así lo denunció el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), a través de su directora, Emma Bravo, quien aseguró que no hay gobierno, sistema judicial ni sociedad que escape a la responsabilidad de perpetuar y encubrir esta grave violación de derechos humanos.
“Lamentablemente, en nuestro país hay una idea en el imaginario colectivo de que tortura es igual a dictadura, y esa percepción continúa hasta hoy en día”, afirmó Bravo en el programa semanal de Sumando Voces. La realidad, sin embargo, desmiente esa creencia. Según el ITEI, la tortura no solo persiste, sino que se institucionaliza en democracia bajo el manto de la impunidad.
Desde su creación, el ITEI ha atendido más de 1.800 casos de tortura, pero Bravo aclaró que esa cifra representa apenas una fracción del total. “De ninguna manera los 1.800 casos reflejan la totalidad de las personas afectadas por tortura, son solo los casos que el ITEI ha atendido, porque las personas para denunciar tienen que ser muy valientes”, señaló.
El miedo es un factor determinante. La mayoría de las víctimas no denuncian porque temen represalias, como ocurrió con el reciente caso de Juan L., que luego de ser torturado por el DACI, grupo de inteligencia de la Policía, fue amenazado de muerte y a su familia para que no denuncie.
“Son amenazadas de que, si hablan, algo les pasará a ellas o a sus familias. Y ese temor no es infundado”, explicó Bravo. Esto crea un círculo de silencio que impide que la tortura sea visibilizada como problema estructural.
Bravo citó a la médica chilena Paz Rojas, especializada en neuropsiquiatría, para explicar la lógica perversa que rige esta práctica: “La tortura se practica de manera consecuente, pero negando al mismo tiempo”. Y añade: “Es un tema terriblemente invisibilizado y negado. Todos los gobiernos hacen eso: practican la tortura y la niegan”.
Según la directora del ITEI, no solo las fuerzas del orden están implicadas, sino también jueces y fiscales. “Esto no solamente lo hacen policías y militares, sino también la judicatura, jueces y fiscales, que invisibilizan también la existencia de la tortura”, denunció.
Los testimonios recabados por el ITEI revelan una indiferencia alarmante. “Una muchacha nos decía: ‘Le he mostrado al fiscal las marcas de mi tortura y no ha hecho caso’. El fiscal le dijo: ‘No es nada’. Y eso no se anota, eso no se denuncia”, relató Bravo. El sistema judicial no solo ignora, sino que se convierte en cómplice del silencio.
La ley obliga al fiscal a actuar ante señales de tortura y pedir al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) una investigación inmediata, pero “eso no se hace, y por eso la tortura persiste en Bolivia”, enfatizó. En ese sentido, la omisión judicial no es un descuido, es parte del problema.
La invisibilización se extiende también a la sociedad. Bravo explicó que la sociedad boliviana no está consciente de que esta es una práctica que sigue existiendo, y el legado de la dictadura sigue moldeando la percepción pública, por lo que muchos consideran aceptable la violencia estatal si se justifica como mecanismo de orden.
“Lo hemos visto en la crisis política de 2019, cuando la gente pedía a gritos mano dura frente a los presuntos dichos terroristas de El Alto”, recordó Bravo. “Incluso hubo quienes pedían dictadura militar”.
La impunidad, aseguró Bravo, también tiene un componente político. Los gobiernos no se atreven a poner reglas a la policía ni a los militares, porque “existe siempre la amenaza de golpe de Estado”.
En Bolivia, hasta hoy, no hay una sola sentencia firme por tortura, concluyó la directora del ITEI. Y mientras el Estado no asuma su responsabilidad, y la sociedad no abra los ojos, la tortura seguirá ocurriendo en la sombra, amparada por el miedo, el silencio y el poder.
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