La Paz, 25 de noviembre de 2024 (ANF).- La abogada Beatriz Bautista informó que las autoridades de la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera rechazaron la consulta previa planteada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), para que la Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva del sindicato minero Avicaya opere en el lugar, debido a que incumple con las exigencias nacionales y recomendaciones internacionales.
“La comunidad Totoral Chico y las autoridades indígenas del Ayllu Acre Antequera han rechazado esta consulta falsa, porque no cumple los estándares internacionales y tampoco cumple ni acata las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)”, señaló la jurista a ANF.
La AJAM notificó a la comunidad Totoral Chico para la consulta, que debía ser libre, previa e informada, sin embargo, ninguno de los requisitos se cumple. La comunidad lleva un historial de atropellos y abusos con ese sindicato minero que hace inviable la consulta. Además, indicó Bautista, esta notificación no ha sido con una fase previa de preparación, como mandan las normas conforme a los estándares internacionales.
“Desde la AJAM, lamentablemente, lo que es un derecho al consentimiento previo, libre e informado, exclusivo para los pueblos y naciones indígenas, ha sido reducido solo a un requisito formal de carácter administrativo: tres reuniones deliberativas con la comunidad, eso no puede ser, consulta sin protocolos externos, sin protocolos internos de la misma comunidad, entonces, vemos que hay una vulneración sistemática a los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó.
Respecto al derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) recomendó al Estado boliviano que elabore e implemente una ley nacional y protocolos efectivos, apropiados y jurídicamente vinculantes, para garantizar el pleno respeto de las comunidades indígenas de su derecho a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con todas las decisiones que puedan afectarles.
Adopte las medidas administrativas necesarias para garantizar que las consultas previas se lleven a cabo de forma sistemática y transparente; que incorpore sistemáticamente la realización de estudios independientes sobre el impacto social, ambiental y de derechos humanos de las inversiones a gran escala o de los proyectos de explotación de recursos naturales en las comunidades afectadas; y que garantice que las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano afectados por actividades económicas y la explotación de recursos naturales en sus territorios, reciban compensación por cualquier daño o pérdida y obtengan beneficios tangibles de dichas actividades.
Bautista indicó que las recomendaciones emitidas por la CERD, para que el Estado boliviano pueda tomar en cuenta, “hasta el momento han sido ignoradas, así como todas las recomendaciones que vienen de instancias internacionales, del Sistema Interamericano, del Sistema Universal de Derechos Humanos que Bolivia está obligada a cumplir”.
“Estas recomendaciones, si bien no son vinculantes, tienen un carácter diplomático de presión, pero el Estado boliviano no acata nada”, lamentó.
La consulta presentada por la AJAM es para la empresa Salvada, sociedad colectiva del sindicato de trabajadores mineros de Avicaya, que requiere un contrato minero debido a que viene operando desde hace décadas en la zona de forma ilegal.
“Después de tantas denuncias hechas en los últimos meses a través de los medios de comunicación, ellos ahora dicen ‘haremos la consulta’, pero es una consulta falsa, que no cumple ninguna recomendación de la CERD, tampoco los estándares internacionales”, remarcó la jurista.
De acuerdo a la información provista por Bautista, la consulta no reúne las condiciones de ser previa, porque el sindicato ya está operando en el lugar desde hace años y lo previo implica incluso antes de que se inicie la exploración. “Tiene que ser libre, pero hay procesos penales en contra de comunarios, hay persecución, entonces, cómo se puede llevar a cabo una consulta libre en este contexto; y debe ser informada, pero no hay ninguna información científica, digámoslo así, informes ambientales de cómo va a afectar a la zona las operaciones mineras en los siguientes años”, apuntó.
El 5 de abril de este año, miembros del sindicato minero Avicaya atacaron una protesta pacífica que los comunarios de Totoral Chico realizaban en el ingreso a ese campamento, en demanda de que frenen los avasallamientos a tierras de pastoreo y que la AJAM rechace la renovación de concesiones a quienes incumplen las medidas ambientales.
El 9 de abril, Marcos Ventura, un minero de base y comunario del lugar, dijo en una declaración a la emisora sindical 16 de Marzo, que si bien antes sus padres tenían y se dedicaban a la crianza de ganado y labores agrícolas, “hoy con el calentamiento global y el cambio climático no hay garantía para sembrar, para tener ganado, por eso, este lugar está considerado como municipio agro-minero y todos los comunarios trabajamos aquí, todo este cañadón está considerado en el departamento de Oruro como los caminos del tío (el diablo)”.
Actualmente, la operación minera Salvada, refirió Bautista, está causando estragos en la zona, está cortando el agua, está contaminando, está desmontando sus montañas sagradas, “imagínense cómo será el impacto a futuro”, cuestionó.
Además, los cuestionamientos van al proyecto minero presentado por la empresa Salvada, que difiere ampliamente con la realidad y solo genera más desconfianza de las comunidades, señaló Bautista.
“Este proyecto minero es tan absurdo porque dice que solo van a operar 23 mineros, pero en la zona ya están más de 200 mineros trabajando, y están operando hace meses; dice que solo van a usar picos, palas y maquinarias usadas, pero estamos viendo que ya han subcontratado a otras empresas que tienen maquinarias de tecnología de punta”, subrayó.
Dijo que para las autoridades indígenas del ayllu se trata de un absurdo de la AJAM y Salvada de querer hacer una consulta “tan falsa y sin derecho al consentimiento, solo consulta”. Cuestionó también los alcances de la Ley Minera, que especifica que solo van a hacer tres consultas, “entre comillas consultas, y después si la comunidad rechaza, finalmente la decisión final la va a tomar el Ministerio de Minería”.
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