La Paz, 23 de enero de 2025 (ANF).- La empresa Inmobiliaria Kantutani S.A. calificó de infundada la alerta sobre un presunto movimiento de tierras en el área del Cementerio Los Andes que realizó la Alcaldía de La Paz, por carecer de respaldo técnico, atribuyendo esa acción a un intento de desviar la atención de las responsabilidades municipales en el desastre ocurrido el 23 de noviembre de 2024.
Kantutani presentó el Informe Técnico Nro. 03/2025, elaborado por un equipo de especialistas, que concluye que las observaciones señaladas por la Alcaldía, como cárcavas y grietas, son fenómenos naturales propios del terreno arcilloso de la zona y no representan riesgos estructurales. Según el documento, estas manifestaciones no corresponden a movimientos recientes ni a problemas de estabilidad generados por acciones de la empresa.
“La erosión en suelos arcillosos es un fenómeno documentado y predecible, que no puede calificarse como un riesgo de desajuste ni atribuirse a negligencias en la gestión del área,” señala el informe técnico.
Kantutani también cuestionó el rigor profesional de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, que emitió la denuncia basándose únicamente en observaciones visuales y fotografías mal contextualizadas. “Es preocupante que una entidad encargada de la gestión de riesgos emita juicios apresurados sin estudios geotécnicos ni evaluaciones profundas,” indica el informe, de acuerdo a una nota de prensa de esa empresa.
En contraste con la actitud de la Alcaldía de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla ha mostrado un compromiso responsable en la gestión de la situación. Según el acta de inspección conjunta realizada el 20 de enero de 2025. "Este respaldo demuestra la importancia de trabajar con criterios técnicos y serios,” destaca la respuesta a la alcaldía paceña.
Una estrategia para desviar la atención
La empresa sostiene que estas acusaciones forman parte de una estrategia del GAMLP para evitar asumir su responsabilidad en el manejo negligente del embovedado Pasajahuira-Choqueyapu. Este embovedado, que estaba taponado por falta de mantenimiento, fue identificado como el factor principal del desastre del 23 de noviembre, que dejó graves afectaciones en Bajo Llojeta.
“En lugar de alarmar a la población, el GAMLP debería centrarse en cumplir sus compromisos de prevención y mitigación, como lo establece el fallo del Tribunal Constitucional Nro. 495/2024,” añade el reporte.
Asimismo, dijeron que “A pesar de su obligación de acompañar técnicamente el plan de contingencia, la Alcaldía no ha estado presente en ninguna supervisión efectiva. Este incumplimiento pone en evidencia la falta de interés real en resolver la situación y proteger a la comunidad,” enfatiza la empresa.
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