La Paz, 6 de abril de 2025 (ANF).- En Bolivia, la escasez de medicamentos persiste y los pacientes con diabetes también lo sienten. Una reciente verificación defensorial a farmacias institucionales en hospitales públicos y de la seguridad social reveló que uno de cada cuatro centros de salud no cuenta con todos los fármacos esenciales para tratar esta enfermedad crónica.
De los 20 hospitales visitados entre el 11 y el 14 de abril de 2025, el 25% (cinco hospitales) presentó faltantes de medicamentos para diabéticos. Aunque el 75% restante sí disponía del stock necesario, la cobertura está lejos de ser universal, y el riesgo es mayor en regiones alejadas o con escasos recursos.
En el sector público, la situación afecta a tres hospitales clave: el Hospital Roberto Galindo Terán en Cobija, donde no se cuenta con glibenclamida; el Hospital Municipal Boliviano Holandés en El Alto, con faltante de insulina inyectable; y el Hospital Japonés de Santa Cruz, que carece de glibenclamida, fedmormina e insulina MPM, todos esenciales para el control glucémico.
Por parte de la CNS, los hospitales también presentan deficiencias preocupantes. En Sucre, el Hospital Obrero N° 6 “Jaime Mendoza” reportó la falta de suplementos especiales para diabéticos, mientras que en Trinidad, el Hospital Obrero N° 8 no cuenta con heparina sódica, necesaria para prevenir complicaciones vasculares, según indica el informe.
Esta situación se traduce en una vulneración directa al derecho a la salud de los pacientes crónicos, cuya condición requiere tratamientos permanentes. La falta de medicamentos no solo interrumpe tratamientos, sino que también incrementa el riesgo de complicaciones graves como pie diabético, ceguera o insuficiencia renal.
La Defensoría del Pueblo identificó la necesidad de tomar acciones urgentes a nivel subnacional. Para el caso del sector público, responsabilizó a los Gobiernos Autónomos Municipales de Cobija y El Alto, y al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz por no garantizar el abastecimiento oportuno. En el caso de la CNS, pidió intervención de las administraciones regionales de Chuquisaca y Beni.
Además de alertar sobre la situación, el informe recomienda una coordinación institucional inmediata. Propone que los resultados sean enviados a los Servicios Departamentales de Salud, al Ministerio de Salud y Deportes, y a la Gerencia General de la Caja Nacional de Salud, para que activen medidas correctivas.
El documento sugiere también que las Defensorías Departamentales hagan seguimiento a las respuestas institucionales y fomenten espacios de incidencia para mejorar la provisión de medicamentos. La urgencia de la situación exige no solo diagnósticos, sino acciones concretas y sostenidas.
El incremento de precios en el mercado farmacéutico y la falta de empresas proponentes en las licitaciones públicas figuran como causas estructurales del desabastecimiento. Estos factores, según el informe, hacen que las compras institucionales sean menos efectivas o incluso fracasen.
Entretanto, cientos de personas con diabetes en Bolivia siguen dependiendo de la suerte: si el medicamento está disponible, acceden; si no, deben comprarlo en farmacias privadas o interrumpir su tratamiento. Esta desigualdad pone en entredicho el acceso universal a la salud, garantizado por la Constitución.
En palabras de la Defensoría, la escasez de medicamentos esenciales para diabéticos no es un simple problema logístico. Es un asunto de derechos humanos que debe ser atendido de forma prioritaria para no dejar atrás a quienes necesitan el sistema público para sobrevivir.
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